En un acto que marca un punto de inflexión en la búsqueda de la verdad sobre el pasado violento de Colombia, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que ordena la desclasificación y levantamiento de la reserva sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
La decisión, anunciada durante una ceremonia de reconocimiento de responsabilidad estatal y pedido de perdón a la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), abre la puerta al esclarecimiento de décadas de violaciones a los derechos humanos y persecución política.
Un acto de reparación y compromiso con la no repetición
El anuncio se produjo en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, en cumplimiento de la sentencia CAJAR vs. Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró al Estado responsable por la persecución sistemática contra los defensores de derechos humanos de esta organización.
“La desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora,” afirmó el mandatario, quien enmarcó su decisión como un paso fundamental para garantizar la no repetición de crímenes de Estado. “La verdad es en primer lugar lo que puede garantizar no repetición,” sentenció.
Petro, a nombre del Estado colombiano, ofreció disculpas por los hechos reconocidos internacionalmente, lamentando que “ese Estado genocida no ha pedido aún disculpas. No quiere la verdad.” Con ello, vinculó directamente el ocultamiento de archivos a la prolongación de la impunidad.
El legado oscuro del DAS
El extinto DAS, disuelto en 2011 tras múltiples escándalos, es una pieza central en los episodios más oscuros de la historia reciente del país. Sus archivos son cruciales para entender el andamiaje de las interceptaciones ilegales, amenazas y campañas de estigmatización que sufrieron opositores, periodistas, políticos y defensores.
Los documentos, que se encuentran custodiados en el Archivo General de la Nación, incluyen información sensible que hasta ahora había permanecido bajo reserva. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya había identificado más de 57.000 unidades físicas y 47.800 soportes digitales de este fondo documental.
La DIPOL en la mira
El presidente Petro fue enfático en que esta es solo la primera fase de una política de transparencia estatal. Aseguró que su gobierno no terminará “sin que haya una política de desclasificación de archivos”.
Añadió que la próxima entidad en la mira para la desclasificación de sus archivos es la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia (DIPOL), aunque esta se encuentra al margen de la actual decisión sobre el DAS.
Desafíos pendientes: Más allá de la voluntad política
Aunque el decreto es un triunfo para las organizaciones de derechos humanos, su implementación enfrenta retos estructurales. Expertos del propio Archivo General y la JEP han advertido sobre la necesidad de:
- Garantizar protocolos de seguridad y preservar la cadena de custodia.
- Digitalizar y depurar la ingente cantidad de información.
- Crear rutas institucionales de consulta para las víctimas, ya que buena parte de la información aún está bajo reserva o en procesos de clasificación incompletos.
El mandatario reconoció estos desafíos, pero reiteró que la apertura de los archivos “constituye un acto fundacional de transparencia estatal” y un compromiso ineludible con la memoria .
Reflexión presidencial: Normalización de la violencia
Durante el acto, Petro aprovechó para reflexionar sobre la indiferencia histórica ante la violencia en Colombia, criticando que el país “normalizó la crisis de derechos humanos” y la subordinación de la vida a intereses económicos o políticos.
La desclasificación del DAS sella, así, un compromiso de Estado que busca romper con la cultura del secreto y convertir la verdad documental en una política pública con miras a la no repetición de los crímenes que han azotado a la nación.
