Una polémica se ha desatado en las últimas horas tras conocerse que varios magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) habrían participado en una lujosa fiesta privada en las Islas del Rosario, en Cartagena, el mismo día en que la corporación anunciaba la sanción impuesta al presidente Gustavo Petro.
La información, revelada por el medio de comunicación NACIÓN COSTEÑA a través de su cuenta de X, detalla que la reunión social se llevó a cabo el día de ayer, 27 de noviembre, en un contexto de gran atención nacional.
Operativo inusual y evasión al regreso
Según el reporte, la presencia de los funcionarios se hizo evidente en el Muelle Domus, ubicado en el exclusivo sector de Castillogrande. Ciudadanos y transeúntes notaron un “operativo inusual” que incluía camionetas oficiales, esquemas de seguridad y policías, todos a la espera de una embarcación privada.
A la llegada del lujoso bote procedente de una isla privada en las Islas del Rosario, varios magistrados del CNE desembarcaron. El momento generó tensión, ya que el personal de seguridad intentó activamente impedir cualquier registro o grabación, llegando incluso a observarse a algunos miembros “saliendo corriendo” para evitar ser capturados por las cámaras del medio.
Reunión exclusiva en isla privada
NACIÓN COSTEÑA afirma haber obtenido de manera exclusiva fotografías y videos que confirman la naturaleza de la reunión. La celebración social habría tenido lugar en Capri, un sector exclusivo de una isla privada en las Islas del Rosario, antes del regreso de los implicados a Cartagena.
Además del paseo en el yate, otras fuentes citadas por el medio confirmaron que los magistrados se estarían hospedando en el Hotel Las Américas, uno de los complejos hoteleros más exclusivos de la ciudad caribeña.
Cadenas de interrogantes sin responder
La coincidencia de la fiesta y el anuncio de la sanción al jefe de Estado han elevado un manto de duda sobre la ética y el uso de recursos públicos por parte de los funcionarios. El medio de comunicación pone de relieve una serie de interrogantes clave que, hasta el momento, no han sido respondidos por los implicados ni por la corporación.
Este hecho ha encendido el debate público, exigiendo claridad sobre si estos gastos y el uso de la logística de seguridad correspondieron a fondos públicos o si se trató de una actividad privada cubierta por terceros, lo que podría generar suspicacias dada la posición de control y vigilancia electoral de los funcionarios.
Fuente original citada: NACIÓN COSTEÑA.
