La Contraloría General de la República encendió las alarmas en el Distrito de Santa Marta tras identificar un posible hallazgo fiscal por 5.206 millones de pesos en la ejecución del Convenio RE ESAL-004-2024, suscrito para el desarrollo de las Fiestas del Mar 2024. El señalamiento apunta directamente a la Secretaría de Cultura Distrital por fallas graves en la supervisión y el control de los recursos públicos comprometidos.
Un contrato ejecutado “al 100%”, pero sin pruebas que lo respalden
El convenio en cuestión tenía como propósito el “apoyo para el desarrollo de las fiestas del mar para el fortalecimiento de las artes, la cultura y los saberes rumbo a los 500 años”. En su informe final, el contratista aseguró haber cumplido la totalidad de las actividades pactadas. Sin embargo, la auditoría adelantada por el ente de control arrojó una conclusión contundente y preocupante: no existe evidencia documental suficiente que permita verificar que ese 100% de ejecución reportado se corresponda con la realidad.
La ausencia de soportes técnicos y administrativos impide confirmar que las actividades se realizaron efectivamente, que el objeto del convenio fue cumplido a cabalidad y que los recursos públicos fueron aplicados de manera correcta. Esa brecha entre lo declarado y lo demostrable es precisamente lo que configura el presunto hallazgo fiscal.
La Secretaría de Cultura, en el ojo del huracán
Según el informe de la Contraloría, el origen de esta situación estaría en la falta de seguimiento técnico, administrativo y financiero adecuado por parte de la Secretaría de Cultura Distrital. En otras palabras, la entidad responsable de supervisar la correcta ejecución del convenio habría incurrido en omisiones que abrieron la puerta a las irregularidades detectadas.
Este señalamiento pone bajo presión a la administración del alcalde Carlos Pinedo, quien como primera autoridad administrativa del Distrito deberá responder sobre los mecanismos de control interno aplicados durante la vigencia del contrato, la existencia o no de comités de seguimiento y actas de supervisión, y las razones por las que los soportes documentales no fueron recopilados oportunamente.
Preguntas sin respuesta y recursos en riesgo
El hallazgo abre una serie de interrogantes de fondo que la ciudadanía y los organismos de control esperan que sean atendidos con prontitud. ¿Cuenta hoy la administración distrital con los documentos que no fueron presentados durante la auditoría? ¿Se abrirán procesos disciplinarios internos para establecer responsabilidades? ¿Publicará la Alcaldía de forma detallada los informes financieros y las evidencias de ejecución para garantizar el control social?
De no lograrse subsanar la falta de soportes, existe el riesgo real de que se configure un detrimento patrimonial efectivo para el Distrito, con la consecuente obligación de reintegrar los recursos al erario público.
El proceso continúa
La Contraloría General de la República informó que continuará con el trámite correspondiente dentro del proceso de responsabilidad fiscal, con el fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar y definir las medidas correctivas necesarias para la recuperación de los dineros públicos comprometidos.
Este caso se enmarca en un contexto más amplio de vigilancia fiscal que el organismo de control adelanta en el departamento del Magdalena, en medio de cuestionamientos recurrentes sobre la transparencia en la ejecución de recursos destinados a proyectos culturales y sociales en la región.
