El voto del diputado Hernán Torres, oriundo de Girardota, terminó siendo uno de los más determinantes en la aprobación de la reforma a la junta directiva de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). Su respaldo a la Ordenanza 04 de 2026 —que salió adelante con 19 votos a favor y 4 en contra— no solo avaló un cambio administrativo, sino que, por su magnitud, difícilmente puede leerse como una decisión aislada.
Torres no es un diputado cualquiera dentro de la Asamblea. Es ficha del llamado liberalismo de la renovación, cercano a la senadora María Eugenia Lopera y parte de una estructura política donde figuras como Julián Bedoya han tenido peso. Por eso, en distintos círculos políticos ya se plantea una pregunta incómoda: ¿un voto de este calibre —que redefine el control de una empresa estratégica como la FLA— pudo haberse dado sin el conocimiento o aval de ese liderazgo político?
Más aún cuando Torres actúa como uno de los principales representantes de ese equipo en la Asamblea. Su decisión no es menor: impacta directamente la gobernanza de una entidad que mueve billones y que será clave en las decisiones económicas del departamento en los próximos años.
A partir de ahí, la duda se instala: ¿fue realmente un criterio técnico individual o una señal política cuidadosamente calculada?
La reforma, aprobada por la Asamblea Departamental, modificó la estructura de la junta directiva de la FLA, que pasó de cinco a seis integrantes: tres del sector público y tres independientes del sector privado, estos últimos designados por el gobernador. En apariencia, se configura un equilibrio. Pero el elemento determinante está en otro punto: el gobernador —o su delegado— presidirá la junta y tendrá voto dirimente en caso de empate.
Esto significa que, ante un escenario 3-3, la decisión final queda en manos del mandatario departamental. No es una figura ilegal ni extraordinaria en el mundo corporativo, pero sí implica una concentración mayor de control operativo sobre una empresa que sigue siendo 100 % pública y estratégica para Antioquia.
Desde la Gobernación y los sectores que impulsaron la reforma, se insiste en que el objetivo es fortalecer el gobierno corporativo de la FLA en un entorno más competitivo, especialmente tras la apertura del mercado de licores. La inclusión de miembros independientes con experiencia técnica respondería, según esta visión, a la necesidad de mejorar la toma de decisiones.
Pero el debate político se mantiene abierto. En los pasillos de La Alpujarra, el voto de Torres ya no se lee únicamente como técnico, sino como una pieza dentro de una posible reconfiguración de alianzas. Esto cobra relevancia si se tiene en cuenta que sectores de la derecha antioqueña, incluido el Centro Democrático, que históricamente han marcado distancia frente a ese grupo político, coincidieron en una decisión clave.
¿Se trata de una coincidencia en torno a criterios de modernización o de un acercamiento político que antes parecía improbable?
La ordenanza no implica privatización ni cambia el carácter público de la FLA, y establece requisitos técnicos para los miembros independientes. Sin embargo, sí redefine la forma en que se toman decisiones en la empresa, concentrando la última palabra en el gobernador cuando no hay consenso.
Más allá del argumento técnico, lo ocurrido deja una inquietud política latente: si este tipo de votaciones responden únicamente a criterios de eficiencia o si también reflejan movimientos más profundos dentro del tablero político antioqueño, donde las fronteras entre sectores comienzan a volverse cada vez más difusas
