Con sillas vacías como telón de fondo, Odorico Guerra Salgado, representante de la Mesa Nacional de Víctimas, intervino en la sesión especial del Congreso de la República convocada con motivo del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Su mensaje fue directo: las víctimas del conflicto armado colombiano siguen esperando que el Estado cumpla sus promesas.
“Es nuestro deber seguir pidiendo hasta que ojalá algún día alguien de verdad nos preste la atención que nos merecemos”, afirmó Guerra ante el hemiciclo, en lo que se convirtió en la frase más contundente de la jornada.
Indiferencia institucional y promesas sin cumplir
El representante criticó la dinámica que, según él, se repite cada año en este escenario. Las víctimas acuden al Capitolio a exponer sus necesidades, pero encuentran poca atención y compromisos que nunca se materializan. Señaló que numerosas normas orientadas a garantizar sus derechos han terminado siendo, en sus palabras, “letras muertas”, citando como ejemplos el Acuerdo de Paz, la Ley 387 y la Sentencia T-025 de la Corte Constitucional, que en su momento declaró el estado de cosas inconstitucional frente al desplazamiento forzado en el país.
Tres exigencias concretas al Congreso
Durante su intervención, Guerra Salgado presentó un conjunto de demandas específicas dirigidas al poder legislativo:
Solicitó la reglamentación de los temas pendientes de la Ley 2421 de 2024, que amplía y modifica la Ley 1448 o Ley de Víctimas, advirtiendo que sin ese paso la norma pierde eficacia práctica. También pidió la aprobación de una Ley de Participación que garantice a las víctimas una incidencia política real, más allá de los espacios protocolarios. Adicionalmente, exigió celeridad en los decretos ley para los pueblos gitano, indígena y afrocolombiano, denunciando que el avance en esta materia ha sido “casi nulo” a pesar del tiempo transcurrido.
Política de víctimas, sin presupuesto
Uno de los puntos más críticos de su discurso fue el desfinanciamiento. Guerra advirtió que la política pública de víctimas está “totalmente desfinanciada” y que, sin los recursos necesarios, los esfuerzos institucionales no alcanzan a llegar a los territorios. Señaló que únicamente el Congreso tiene la capacidad de aprobar los presupuestos que permitan convertir la reparación en una realidad concreta para las comunidades afectadas.
Desigualdad en el trato a las víctimas
El representante también denunció que en Colombia las víctimas continúan siendo tratadas de manera diferenciada según su origen socioeconómico. Afirmó que el Estado clasifica a los afectados por el conflicto por “estratos o estatus”, lo que determina en la práctica el nivel de atención y de recursos que reciben, generando una desigualdad que profundiza el daño ya causado por la violencia.
Escepticismo frente al CONPES de soluciones duraderas
Al referirse al documento CONPES sobre soluciones duraderas para el desplazamiento forzado, Guerra reconoció su formulación pero cuestionó abiertamente la viabilidad de su ejecución. “¿De dónde saldrá el dinero?”, preguntó, sin obtener respuesta. Para el representante, este instrumento corre el riesgo de seguir el camino de otras iniciativas que, con el tiempo, se han quedado sin financiamiento ni voluntad política para ser implementadas.
La intervención de Odorico Guerra Salgado cerró con el mismo tono con el que comenzó: sin triunfalismos ni derrotismo, pero con la firmeza de quien lleva años reclamando en nombre de millones. Su frase final quedó resonando en el recinto: las víctimas volverán a pedir. Y seguirán haciéndolo hasta ser escuchadas de verdad.
