El proyecto de ley conocido como “borrón y cuenta nueva” fue archivado en el Congreso de la República sin llegar a debate, dejando en el limbo a millones de ciudadanos colombianos que figuran con reportes negativos en centrales de riesgo como Datacrédito. La iniciativa pretendía otorgar alivios crediticios y reducir los tiempos de permanencia en las bases de datos financieras, especialmente para deudores de montos bajos.
El representante a la Cámara Alejandro Ocampo fue el principal vocero de las críticas tras el hundimiento de la ley. En un enérgico pronunciamiento, el congresista cuestionó directamente a la Mesa Directiva de la Cámara por no haber agendado la discusión del proyecto dentro de los tiempos legislativos requeridos.
“A la mesa directiva no le importaron 7 millones de colombianos que hoy están reportados en Datacrédito, algunos de ellos injustamente, algunos por 500 pesos, por 5 mil pesos o por 10 mil pesos.” Alejandro Ocampo, representante Pacto Histórico
Según Ocampo, la iniciativa había superado debate desde agosto del año pasado y solo requería ser incluida en el orden del día para avanzar. Sin embargo, el proyecto nunca fue convocado, lo que derivó en su archivo automático por vencimiento de términos.
El lobby de Asobancaria en el centro de la controversia
Las acusaciones del congresista apuntan directamente a Asobancaria, el gremio que agrupa a los principales bancos del país, como el actor detrás del bloqueo. “Fue más fuerte el lobby de Asobancaria que la necesidad del pueblo colombiano”, afirmó Ocampo, señalando que los intereses del sector financiero terminaron imponiéndose sobre los de la ciudadanía.
Qué buscaba el proyecto
La ley de “borrón y cuenta nueva” era una propuesta orientada a permitir que personas con historial crediticio negativo pudieran salir de las bases de datos de las centrales de riesgo una vez saldaran sus obligaciones financieras. La iniciativa beneficiaba especialmente a quienes tienen reportes por deudas de pequeño valor, una situación que, según los promotores del proyecto, afecta injustamente el acceso al crédito de millones de colombianos.
Con el archivo del proyecto, más de 7 millones de colombianos continúan con sus reportes negativos vigentes en plataformas como Datacrédito, lo que restringe su capacidad de acceder a créditos, arrendar vivienda o incluso conseguir empleo en sectores donde se consulta el historial financiero.
¿Qué sigue?
El hundimiento de la ley deja abierta la pregunta sobre si el Congreso retomará la discusión en la próxima legislatura. El representante Ocampo no descartó impulsar nuevamente la iniciativa, aunque advirtió que el escenario legislativo favorable a la ciudadanía enfrenta obstáculos estructurales derivados de la presión de los gremios financieros sobre los cuerpos colegiados.
