Cerca de 2.190 jóvenes de todo el país, muchos de ellos víctimas del conflicto armado y habitantes de municipios PDET, cumplieron con un curso virtual de programación financiado con casi 10.000 millones de pesos por el hoy desaparecido Ministerio de Igualdad y Equidad. A cambio de terminar la formación se les prometió un computador. Meses después de la fecha anunciada para la entrega, decenas de beneficiarios siguen sin el equipo, sin interlocutor claro y, según alertan ellos mismos, expuestos a posibles intentos de fraude con sus datos personales.
Una apuesta de casi 10.000 millones de pesos
Programadores para la Paz nació como uno de los proyectos insignia del programa “Oportunidades para la Vida de las Juventudes”, una de las líneas de acción del Viceministerio de las Juventudes dentro del Ministerio de Igualdad y Equidad. Según el propio informe de rendición de cuentas de la entidad correspondiente a la vigencia 2025 y al primer cuatrimestre de 2026, el proyecto contó con una inversión de $9.945.411.337 y estuvo dirigido a jóvenes colombianos entre los 14 y los 28 años, con el objetivo declarado de cerrar brechas digitales históricas y fortalecer capacidades en programación, gestión de infraestructura tecnológica e inteligencia artificial.
El mismo documento detalla que el proceso, ejecutado en alianza con la Universidad de Cartagena y desarrollado en modalidad completamente virtual, seleccionó a 2.190 jóvenes para la “Capacitación en Democracia y Tecnología”. De ese universo, el 73,33 % pertenecía al estrato socioeconómico 1, el 66,71 % se autorreconocía como población campesina y el 51,28 % correspondía a víctimas del conflicto armado. El 43,38 % de los beneficiarios —950 jóvenes— provenía de municipios PDET, y la mayor concentración se registró en Chocó (546), Bolívar (301), Valle del Cauca (160), Nariño (125) y Antioquia (122). En otras palabras: el programa se vendió como una apuesta deliberada por llegar a las juventudes con mayores barreras históricas de acceso a la tecnología.
El mismo informe institucional es explícito sobre la contraprestación ofrecida a los jóvenes que completaran el curso: “al culminar el curso se hará entrega a cada participante de un kit integral compuesto por un computador, una cartilla y una agenda”. Es decir, el compromiso de entregar un equipo no fue una promesa informal, sino un componente central del diseño del programa, consignado en el propio documento oficial de rendición de cuentas.
Dos convenios, una brecha sin explicar
De acuerdo con los registros públicos de contratación consultados por esta redacción en la plataforma Colombia Licita y en el sistema SECOP II, el Ministerio de Igualdad y Equidad —a través del Fondo asociado al convenio FSB-436-2026— adjudicó a la Universidad de Cartagena al menos dos procesos relacionados directamente con Programadores para la Paz:
- Proceso IP-UDC-001-2026 (código SECOP CO1.NTC.10346678), por $5.968.324.733, cuyo objeto era “diseñar e implementar un proceso formativo para jóvenes en el territorio colombiano, para el fortalecimiento de sus capacidades en desarrollo de software, gestión de servidores y participación ciudadana a través de entornos digitales”.
- Proceso UC-IP-008-2026 (código SECOP CO1.NTC.10270375), por $1.738.000.000, para “la prestación de servicios para el apoyo en el desarrollo de las capacitaciones” en el marco del mismo convenio FSB-436-2026.
La suma de ambos procesos asciende a $7.706.324.733, una cifra que no cierra por completo con los $9.945.411.337 que la propia entidad reporta como inversión total del proyecto en su rendición de cuentas. La diferencia —cerca de 2.239 millones de pesos— podría corresponder a otros rubros del convenio (interventoría, logística de los kits, gastos administrativos) que no aparecen desglosados en la documentación pública revisada. Esta redacción no encontró, en las fuentes consultadas, un desglose que permita establecer con precisión en qué se ejecutó esa diferencia, por lo que la pregunta queda abierta y debería ser resuelta por la propia entidad o por el organismo que asuma sus funciones tras su liquidación.
El curso terminó, la entrega de los computadores no
El curso se desarrolló, según relatan los propios beneficiarios, con clases virtuales nocturnas y un desarrollo académico que —hasta el cierre— transcurrió “con normalidad”. Una circular oficial emitida conjuntamente por el proyecto Programadores para la Paz, el Ministerio de Igualdad y la Universidad de Cartagena, fechada antes del cierre del proceso formativo, estableció un cronograma preciso para el final del curso:
- Cierre de cargue de actividades en plataforma: 16 de julio, 11:59 p. m.
- Fin del acompañamiento de los tutores (y de su vinculación contractual con el proyecto): 18 de julio.
- Plataforma disponible solo para consulta de material pedagógico: hasta el 1 de agosto.
- Envío de certificados: a los correos registrados por cada beneficiario.
- Entrega de kits pedagógicos y tecnológicos: a partir del 27 de julio, en las direcciones que cada participante hubiera confirmado en la actividad “Registro de dirección de envío”.
Beneficiarios consultados por esta redacción señalan, sin embargo, que durante la última semana del curso circuló también la fecha del 23 de julio como el día en que comenzaría el envío de los equipos, una fecha distinta a la consignada en la circular formal de la Universidad de Cartagena. Sea el 23 o el 27 de julio, ninguna de las dos fechas se cumplió: a la fecha de esta publicación, meses después de lo anunciado, no hay evidencia de que los computadores hayan sido entregados de manera generalizada a los jóvenes que culminaron satisfactoriamente el curso.
El apagón de información
El malestar de los beneficiarios no se limita al retraso en sí, sino a lo que describen como una pérdida progresiva de canales de comunicación e información verificable. De acuerdo con los relatos recogidos:
- Los contratos de varios de los docentes y tutores que acompañaron el proceso formativo terminaron, tal como estaba previsto en la circular (18 de julio), pero la gestión de los computadores habría quedado, según los beneficiarios, a cargo de una empresa distinta a la que dictó el curso.
- Pocos días después de finalizado el proceso académico, la plataforma virtual utilizada para el curso fue cerrada, lo que impidió a los participantes acceder de nuevo a contenidos y materiales.
- Los grupos de WhatsApp que servían como canal de comunicación entre estudiantes y organizadores fueron cerrados o dejaron de operar como canal oficial.
- Un correo institucional bajo el dominio de una cuenta gratuita de Gmail —programadoresparalapaz@gmail.com— fue habilitado como “canal oficial” para recibir solicitudes sobre certificados y kits, con la instrucción expresa de no usar WhatsApp. Beneficiarios sostienen que las respuestas recibidas por esa vía han sido genéricas y no han resuelto la incertidumbre sobre la fecha real de entrega de los equipos.
Que un programa financiado con casi 10.000 millones de pesos de recursos públicos termine centralizando su atención a beneficiarios en una cuenta de correo gratuita, sin dominio institucional verificable, es en sí mismo un dato que merece explicación por parte de los responsables del proyecto.
Una comunicación posterior enviada a los beneficiarios —presentada como parte del canal oficial— reconoce el retraso y atribuye la demora a la complejidad logística del proceso: “este tipo de procesos requiere verificaciones, validaciones, actas internas, autorizaciones y coordinación logística, especialmente porque las entregas se realizarán en diferentes lugares del país”. El mismo mensaje asegura que “no hay ninguna novedad que indique suspensión o cancelación” y que “los compromisos contractuales siguen su curso conforme a los procedimientos establecidos”, sin ofrecer, no obstante, una fecha concreta de entrega ni el nombre completo de la empresa logística más allá de identificarla como “Coordinadora”.
¿La alerta por uso de datos personales?
En medio de esta incertidumbre, circuló entre los beneficiarios un mensaje —atribuido al mismo canal del proyecto— que advierte sobre un proceso de “validación de información” a cargo, según el texto, de la empresa Coordinadora. El comunicado identifica a tres personas como las únicas autorizadas para contactar telefónicamente a los jóvenes y solicitarles la confirmación de datos sensibles —cédula, nombre completo, departamento, municipio, dirección y teléfono—: Juan Camilo Ruiz (313 631 8066), Óscar Bueno (310 293 0497) y Margarita Silva (323 329 7456).
El propio mensaje reconoce implícitamente el riesgo al advertir a los beneficiarios que, si reciben llamadas o mensajes de números distintos a los tres mencionados, “no suministren información y omitan la solicitud”. Se trata, en la práctica, de un mecanismo en el que un programa estatal delega en tres números de celular individuales —sin verificación pública independiente de su identidad institucional— la recolección de datos personales de miles de jóvenes, muchos de ellos menores de edad al momento de inscribirse. Fuentes consultadas por esta redacción para este reportaje afirman no conocer, hasta el momento, a ningún beneficiario que efectivamente haya sido contactado por alguno de esos tres números, lo que no permite establecer si el mecanismo ha operado como fue anunciado, si ha sido suplantado por terceros, o si el anuncio mismo constituye un riesgo adicional de exposición de datos que no ha sido dimensionado por los responsables del proyecto. Se trata de un punto que amerita una aclaración pública explícita por parte de la Universidad de Cartagena y de quien haya asumido las funciones del proyecto tras el cierre del Ministerio.
Cuadernos y lapiceros, pero no los computadores
En días recientes se conocieron las primeras entregas físicas asociadas a Programadores para la Paz. Según material fotográfico y un video suministrado a esta redacción por una fuente anónima que participó en el proceso, lo recibido hasta el momento se limita a una agenda y un lapicero con el logo del proyecto y de la alianza entre el Ministerio de Igualdad y la Universidad de Cartagena —los mismos elementos que la rendición de cuentas describía como parte de un “kit integral compuesto por un computador, una cartilla y una agenda”—. El computador, componente central de la promesa hecha a los jóvenes, no formó parte de este envío.
De acuerdo con el relato de la fuente consultada, tanto la agenda como el lapicero entregados son de una calidad que la propia fuente califica como “totalmente cuestionable”, un detalle que se suma a las dudas sobre la ejecución real de los recursos destinados al kit. Junto con estos elementos, los beneficiarios no recibieron ninguna comunicación formal sobre la fecha o el mecanismo mediante el cual se entregarán los computadores pendientes, lo que mantiene vigente la incertidumbre documentada en las secciones anteriores.
Un ministerio que ya no está para responder
El escenario se complica por un factor adicional señalado por beneficiarios: tras el cambio de gobierno, el Ministerio de Igualdad y Equidad entro en etapa de liquidación, lo que dejaría sin una instancia clara a la cual acudir para exigir explicaciones sobre un contrato que esa misma entidad promovió y financió. La pregunta relevante no es solo quién entrega los computadores prometidos, sino quién asume jurídicamente las obligaciones derivadas del convenio FSB-436-2026 y quién responde, en adelante, por los recursos públicos ya comprometidos.
