Por segunda vez consecutiva, el Senado de la República archivó el proyecto de ley que pretendía reducir los salarios de congresistas a un tope de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a aproximadamente 28 millones de pesos. La iniciativa, liderada por los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, se hundió tras una jornada marcada por el ausentismo deliberado y múltiples declaraciones de impedimento por parte de varios legisladores.
Maniobras parlamentarias sabotean el debate
Según denunció el senador Cepeda, autor del proyecto junto a Pizarro, una “lluvia de impedimentos” y el abandono del recinto por parte de varios congresistas impidieron alcanzar el quórum necesario para la votación. “Algunos dejaron el recinto luego de intervenir para afirmar que esta era una iniciativa ‘populista’ del gobierno”, declaró el legislador en su cuenta de X.
Los promotores de la iniciativa habían logrado ubicar el proyecto como primer punto del orden del día mediante una proposición formal, después de advertir durante semanas sobre la falta de tiempo para su trámite antes del cierre del período legislativo, programado para el 19 de julio.
La senadora Pizarro denunció que nueve congresistas se declararon impedidos para participar en la discusión, alegando conflictos de interés, entre ellos el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Además, cuestionó que el proyecto hubiera permanecido “engavetado” durante un mes, ubicado inicialmente en el puesto 160 del orden del día, a pesar de haber sido radicado desde el 23 de abril.
Un contraste que genera indignación ciudadana
El proyecto buscaba establecer un límite razonable a la remuneración parlamentaria en un país donde la brecha salarial entre congresistas y ciudadanos promedio genera profundo malestar social. Actualmente, un parlamentario colombiano percibe más de 52 millones de pesos mensuales, incluyendo salario base, gastos de representación y primas, mientras el salario mínimo legal es de 1.423.000 pesos.
Esta disparidad significa que un congresista puede ganar en un mes más de 30 veces lo que recibe un trabajador promedio, una diferencia que resulta especialmente ofensiva en un país con altos niveles de pobreza, desempleo e informalidad laboral.
Patrón de resistencia a reformas sociales
El hundimiento de este proyecto se suma a una serie de rechazos del Congreso a reformas que beneficiarían a la población trabajadora. Los senadores Cepeda y Pizarro establecieron un contraste directo con el rechazo a la reforma laboral del gobierno nacional, que contemplaba incrementos en los ingresos de la población trabajadora.
“Los senadores a la hora de lesionar los derechos de los trabajadores son implacables, y a la hora de mantener sus privilegios son permisivos y ausentistas”, sentenció Cepeda, haciendo referencia a la caída de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, donde algunos legisladores argumentaron afectaciones a los empresarios por el incremento de costos salariales.
Un historial de fracasos sistemáticos
Esta no es la primera vez que una iniciativa de reducción salarial fracasa en el Congreso. Según la información recopilada, desde 2016 se han presentado 26 proyectos con el mismo objetivo, todos hundidos mediante dilaciones legislativas y tácticas para evitar su debate y votación.
La senadora Pizarro atribuyó estos fracasos constantes a las presuntas dilaciones en el Legislativo y denunció que sectores conservadores dentro del Senado han recurrido a tácticas de “filibusterismo” y bloqueos reglamentarios para evitar que el país conozca públicamente cómo votan sus representantes frente a reformas que afectan directamente sus ingresos.
El ausentismo como estrategia política
“Lo cierto es que mientras se actúa con excesiva generosidad con los privilegios de quienes ostentan el poder, en Colombia se actúa con absoluta mezquindad con las reformas sociales de la gente en las calles”, declaró la senadora Pizarro.
Lo ocurrido el 28 de mayo evidencia una tendencia preocupante en el funcionamiento del poder legislativo colombiano: cuando se trata de votar proyectos que afectan privilegios de la élite política, los congresistas recurren al ausentismo, las declaraciones de impedimento o simplemente no asisten, como estrategia para evitar el desgaste político de votar abiertamente en contra.
Tendremos que mirar si la constitución, permite que por decreto se pueda decidir cómo,los demás trabajadores públicos su salario es discutido, con acuerdo y ellos no más dicen y ya está oigan bien aproximadamente 52 millones mensuales,y salario para el pobre aproximadamente 1 millón y medio, que descaro, Dios mio
Recuerden cómo el tema le sirvió a la Alcaldesa liberal dizque “verde” como plataforma dónde por primera vez 11 millones largos de ciudadanas votamos por una reducción del 15% de esos descomunales salarios. Ahí están pintados. Ese Congreso debe cambiarse por completo para 2026 – 2039. 🦎🚩