La asesora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Carmen Patricia Caicedo, presentó ante la Asamblea Departamental del Magdalena un detallado balance sobre los avances y los retos de la Reforma Agraria impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro en la región Caribe. La intervención de Caicedo, en representación de la ANT y en articulación con la Unidad de Restitución de Tierras, destacó al Magdalena como un epicentro de la justicia agraria, dada su historia de despojo y conflicto.
Durante su exposición, la funcionaria resaltó cifras significativas que evidencian el progreso de la reforma en el departamento. Bajo el liderazgo de Harman Felipe, Director Nacional de la ANT, se han entregado 15.861 hectáreas y se han formalizado 5.491,64 hectáreas. Estos logros se traducen directamente en tierras para comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado, materializando así la justicia agraria con hechos concretos.
La tierra como factor histórico de conflicto
Caicedo enfatizó la raíz histórica de la problemática de la tierra en Colombia. “Todas las guerras de esta nación se han dado por el acaparamiento de tierras. Los desplazamientos forzosos de los años 80 y 90 se hicieron para apropiarse de baldíos de la nación y de tierras de los campesinos”, recordó. La asesora de la ANT señaló cómo veredas enteras desaparecieron para dar paso a la consolidación del latifundismo. Además, evidenció cómo, aún hoy, parte de los terrenos baldíos de la nación se encuentran en manos privadas, muchas veces como resultado de procesos violentos.
La región Caribe ha sido particularmente golpeada por esta realidad. Caicedo describió la desgarradora escena en las asambleas campesinas, donde la mayoría de los asistentes levantan sus manos al preguntar quiénes son víctimas del conflicto armado. Este panorama subraya la urgencia y la necesidad de una reforma agraria robusta en la zona.
Un compromiso de Paz y Reparación
La Asesora de la ANT subrayó que la reforma agraria no es solo una iniciativa gubernamental, sino un compromiso real de paz y reparación para el campesinado colombiano, especialmente en el Caribe. Recordó que esta política es una parte fundamental del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC, lo que la convierte en una política de Estado.
El punto uno del Acuerdo de Paz establece la ambiciosa meta de entregar tres millones de hectáreas de tierras productivas a campesinos como acto de reparación, además de la formalización de siete millones de hectáreas adicionales. Caicedo informó que, en casi tres años de gestión, se han entregado 640.000 hectáreas y se han formalizado 1.5 millones a nivel nacional. Si bien reconoció que aún queda un largo camino para alcanzar la meta, afirmó que el compromiso es “absoluto”.
Llamado a la Gobernación del Magdalena
Finalmente, la Dra. Caicedo hizo un enérgico llamado a la Gobernación del Magdalena para avanzar en la ordenanza que elimine los costos de formalización de tierras. Esta medida es crucial para garantizar el acceso real a la propiedad rural y consolidar los avances de la reforma. “Este es un compromiso que decenas de familias campesinas están esperando y que resulta urgente para consolidar la Reforma y garantizar la justicia agraria”, concluyó Caicedo, destacando la importancia de esta acción para el bienestar de las comunidades y la consolidación de la paz en la región.
