La “Ciudad de la Eterna Primavera” enfrenta una creciente crisis de seguridad y orden público, donde el descontrol de la prostitución, el microtráfico y la expansión de bandas criminales amenaza con devorar el encanto de sus zonas más emblemáticas. Denuncias recurrentes, tanto en redes sociales como en el boca a boca, pintan un panorama sombrío en lugares que hasta hace poco eran sinónimo de turismo y esparcimiento: las plazas de Provenza, El Poblado y el icónico Parque Lleras.
La situación es calificada de “invivible” por residentes y comerciantes. Lo que ha alarmado a muchos es la percepción de una Alcaldía que, a pesar de algunas medidas recientes, no logra establecer un control efectivo ante la proliferación de estas actividades ilícitas.
El crecimiento desmedido y el impacto del turismo sexual
En 2024, el sindicato de trabajadoras sexuales de Antioquia estimó que cerca de 1.500 personas ejercían la prostitución de manera controlada. Sin embargo, la explosión del turismo internacional ha traído consigo una afluencia desmedida de extranjeros, atrayendo a muchas más personas a esta labor y transformando el tejido social y económico de la ciudad. Medellín, lamentablemente, ha visto cómo una parte significativa de su auge turístico se basa en el turismo sexual, lo que conlleva riesgos alarmantes como la pedofilia y otras desviaciones sexuales. Preocupantemente, en estos entramados se ven involucrados dueños de bares y líderes de bandas criminales, quienes operan con una impunidad que abarca prácticamente toda la ciudad.
El lado oscuro de este fenómeno se manifiesta en el aumento de la trata de personas con fines de explotación sexual y, en casos trágicos, en el asesinato de turistas y mujeres colombianas tras encuentros concertados a través de aplicaciones de citas. Organizaciones no gubernamentales como Valientes Colombia reportaron más de 320 casos de explotación sexual infantil el año pasado, y en 2023, los casos de explotación sexual de menores aumentaron cerca de un 60%.
Medidas de la Alcaldía: ¿Suficientes o ‘show mediático’?
La Alcaldía de Medellín, bajo la administración del alcalde Federico Gutiérrez, ha implementado diversas acciones para hacer frente a la crisis. A principios de 2024, se emitió el Decreto 082 que impuso un toque de queda para menores de 18 años, prohibiendo su movilidad y permanencia en zonas críticas como El Poblado y el Corredor de la 70 entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m., con excepciones para aquellos acompañados por padres o tutores. No obstante, la crítica inicial señalaba que esta medida no fue del todo funcional y se percibió más como un “show mediático”.
Posteriormente, en un esfuerzo más contundente, la Alcaldía emitió el Decreto 248 de marzo de 2024, que prohibió temporalmente la oferta y demanda de servicios sexuales y actividades afines en el espacio público de zonas turísticas como Parque Lleras, El Poblado y Provenza, por un período de seis meses. Además, se estableció un toque de queda para adultos en Parque Lleras a la 1:00 a.m. y se prohibió la venta y consumo de alcohol en ese lugar. La administración municipal también ha manifestado su intención de regular los alquileres a corto plazo, como Airbnb, para combatir la explotación sexual y ha impulsado un “Compromiso Interinstitucional para Prevenir y Erradicar la ESCNNA” (Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes).
Sin embargo, estas medidas no han estado exentas de controversia. La prohibición de la prostitución en áreas específicas ha generado protestas de trabajadoras sexuales y dueños de negocios, quienes argumentan que la normativa afecta a miles de familias que dependen económicamente de estas actividades y que podría empujar la problemática a la clandestinidad. Carteles con leyendas como “No a la explotación sexual de niños, no al Decreto 0247, 5.000 familias quedamos sin trabajo” han aparecido en las plazas, reflejando la complejidad de un problema con profundas raíces sociales y económicas.
La sombra del crimen organizado
Detrás del desorden visible en las plazas, la presencia de bandas criminales es una constante. Estas organizaciones no solo controlan el microtráfico, sino que también ejercen una influencia considerable sobre la prostitución y otros negocios ilegales. Se ha documentado cómo grupos criminales extorsionan a comerciantes, incluso a pequeños vendedores informales y dueños de parqueaderos, cobrando “cuotas” por operar en ciertas zonas. Esta infiltración del crimen organizado profundiza la percepción de una ciudad que lucha por recuperar el control de su propio territorio.
Medellín se encuentra en una encrucijada. Si bien ha logrado avances significativos en la reducción de homicidios en los últimos años, la nueva batalla se libra en el corazón de su economía turística y en la seguridad de sus ciudadanos y visitantes. La efectividad a largo plazo de las políticas implementadas, y la capacidad de las autoridades para desmantelar las redes criminales que se nutren de la explotación sexual y el narcotráfico, serán clave para determinar si Medellín podrá recuperar el control de sus plazas y preservar su imagen como un destino seguro y vibrante, libre de la sombra de la ilegalidad.
