En un fallo sin precedentes que en la justicia colombiana, siete altos directivos de la multinacional bananera Chiquita Brands fueron condenados a 11 años y 3 meses de prisión, además de una multa de 14 mil millones de pesos, por sus vínculos y financiación a grupos paramilitares en la región de Urabá y el Magdalena entre 1997 y 2004. Esta decisión, emitida por el juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia, se convierte en la primera condena de empresarios por financiar grupos armados ilegales en el país.
La noticia, que fue dada a conocer este 23 de julio, llega casi al límite de la prescripción del caso, un proceso que se ha extendido por años y que por fin ve luz en Colombia, a pesar de que la multinacional ya había sido condenada en Estados Unidos en 2007 y 2024 por hechos similares.
Un Esquemático Mecanismo de Financiación
La investigación reveló que Chiquita Brands, a través de su filial Banadex, financió a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mediante pagos de 3 centavos de dólar por cada tonelada de banano exportada. Estos recursos eran canalizados a través de las cooperativas de seguridad privada Convivir, las cuales, según se comprobó, estaban fundadas, controladas e integradas por paramilitares. El abogado Gerardo Vega, de la Fundación Forjando Futuros, señaló que este dinero fue utilizado por las AUC para cometer despojos y masacres contra la población civil, en un contexto donde no solo se enfrentaban a las FARC, sino que también perpetraban graves violaciones a los derechos humanos.
Los directivos condenados por concierto para delinquir agravado son Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, Jose Luis Valverde Ramírez, Victor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún. La jueza Diana Lucía Monsalve, quien dictó la sentencia, negó la suspensión de la pena y la prisión domiciliaria, y ordenó la emisión de órdenes de captura.
De la “Vista Gorda” a la Condena
El fallo judicial destacó que los ejecutivos de Chiquita Brands y Banadex “se hicieron de la vista gorda” a pesar de conocer el clima de violencia y muerte en la zona y las sospechas sobre la ilegalidad de los pagos. La defensa de los empresarios argumentó que los pagos fueron producto de coacción, pero la jueza encontró contradicciones, concluyendo que los procesados “conocían del destino de los pagos” y que hubo un “acuerdo tácito de colaboración con un grupo armado ilegal”.
El proceso judicial en Colombia ha sido notoriamente lento. Iniciado en 2005 tras una denuncia sobre los pagos a las AUC, la causa enfrentó desafíos, incluyendo la posible prescripción en septiembre de 2025. Sin embargo, la jueza ha sostenido que la prescripción solo ocurrirá el 17 de septiembre de 2028, aunque esta interpretación será dirimida por la rama judicial.
Precedentes internacionales y el camino por recorrer
Es crucial recordar que Chiquita Brands ya había sido condenada en Estados Unidos en dos ocasiones por su apoyo a las AUC. En 2007, la empresa aceptó haber realizado más de cien pagos ilegales por un total de 1.7 millones de dólares y fue multada con 25 millones de dólares. Más recientemente, en octubre de 2024, un tribunal de Florida la condenó a indemnizar a doce mujeres y cuatro hombres víctimas del conflicto, aunque la empresa ha apelado este último fallo, argumentando que los pagos fueron resultado de extorsión y buscando desacreditar las pruebas en su contra.
La condena en Colombia, aunque histórica, no es el final del camino. Se espera que la defensa de los directivos apele el fallo ante el Tribunal de Antioquia, donde se tomará la decisión final el 17 de septiembre. “Esto da un mensaje claro a esas empresas que vienen al país a despojar, financiar bandas criminales e irse del país”, afirmó Gerardo Vega.
Este caso, emblemático por la implicación de una multinacional en el conflicto armado, sentará un precedente significativo sobre la responsabilidad empresarial y el acceso a la justicia para las víctimas en Colombia. La decisión final, que determinará si se consolida la condena o si los crímenes prescriben, será crucial para el futuro de la justicia transicional en el país.
