En una decisión judicial sin precedentes que ha sacudido los cimientos políticos y jurídicos de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido declarado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El fallo, proferido por la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, marca un antes y un después en la historia del país, al convertirse Uribe en el primer exmandatario en recibir una condena en primera instancia por este tipo de cargos.
La sentencia, que se ha gestado a lo largo de 13 años de un complejo y mediático litigio, pone fin a una de las batallas judiciales más polarizantes de la Colombia contemporánea. Si bien la defensa de Uribe ha anunciado que apelará la decisión, el veredicto inicial ya resuena con fuerza a nivel nacional e internacional, abriendo un nuevo capítulo en la trayectoria política y personal del influyente líder del Centro Democrático. La lectura completa de la condena, que podría implicar hasta 9 años de cárcel, se realizará el próximo 7 de agosto.
Los pilares de la condena: Manipulación de Testigos y Fraude Procesal
La jueza Heredia fue enfática al señalar que “no cabe duda que el procesado sabía de su proceder… Él mismo la ejecutaba desde las sombras”, acreditando que Uribe Vélez fue el “determinador” de las conductas delictivas. La investigación demostró que el expresidente ordenó a terceros, a través de su abogado Diego Cadena Ramírez, manipular a testigos encarcelados, como Juan Guillermo Monsalve Pineda, para que declararan a su favor o se retractaran de acusaciones previas que lo vinculaban con grupos paramilitares.
El caso tomó un giro crucial cuando la Corte Suprema de Justicia, en 2018, desestimó una denuncia de Uribe contra el senador Iván Cepeda y, en su lugar, abrió una investigación contra el entonces senador Uribe por manipulación de testigos. Las interceptaciones telefónicas a la línea de Uribe, realizadas entre marzo y abril de 2018 y avaladas por la jueza, se convirtieron en un elemento probatorio central, desestimando los argumentos de la defensa sobre su legalidad.
En cuanto al fraude procesal, la jueza concluyó que se configuró el delito tanto antes como después del auto inhibitorio de la Corte Suprema en 2018. Se presentó material probatorio falso, como cartas de reclusos con contenido desvirtuado y videos cuestionables, con el objetivo de inducir a error a la Corte Suprema y favorecer los intereses del expresidente. “Con esa incursión en esas conductas punibles se afectó el bien jurídico de la recta impartición de justicia”, afirmó la jueza Heredia, destacando la reiteración y los fines distintos de la estrategia para socavar la verdad procesal.
El origen de una batalla judicial de larga data
La génesis de esta condena se remonta a un acalorado debate en el Congreso en 2012, donde el senador Iván Cepeda, basándose en testimonios de exparamilitares, insinuó presuntas relaciones de Uribe con estructuras armadas ilegales como el Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tras el debate, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema, acusándolo de buscar testimonios irregulares.
Sin embargo, la Corte Suprema, en un giro inesperado en 2018, no encontró pruebas suficientes contra Cepeda y, en cambio, inició una pesquisa contra Uribe. En 2020, Uribe renunció a su escaño en el Senado, lo que llevó su caso a la justicia ordinaria. A pesar de las solicitudes de la Fiscalía de archivar el proceso por falta de pruebas, estas fueron denegadas en repetidas ocasiones por los jueces, hasta que la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía impulsó el juicio que culminó con esta sentencia histórica.
Consecuencias inmediatas y el camino a seguir
La jueza Sandra Heredia anunció que la pena para los dos delitos podría oscilar entre 6 y 12 años de prisión, además de una multa de 600 salarios mínimos. Aunque la defensa de Uribe apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, que podría pronunciarse antes del 8 de octubre de este año, la condena en primera instancia ya marca un hito sin precedentes para un expresidente colombiano.
La absolución por el delito de soborno simple se dio porque la defensa logró demostrar que el traslado de una exfiscal obedeció a una orden judicial y no a la intermediación del expresidente. Sin embargo, este punto menor no opaca la magnitud de una condena que promete redefinir el panorama político y judicial de Colombia, reafirmando el principio de que nadie está por encima de la ley. La sociedad colombiana, dividida por años en torno a la figura de Uribe, aguarda expectante la continuidad de este “Juicio del Siglo”.
