La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido escenario de revelaciones explosivas que sacuden los cimientos del sector empresarial colombiano. En medio de sus audiencias de verdad, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, en 2023, señaló a varias de las compañías más grandes del país, incluyendo a la estatal Ecopetrol, de haber financiado y colaborado con grupos paramilitares durante el conflicto armado. Estas acusaciones, aunque no del todo inéditas para algunas empresas, han reavivado el debate sobre la responsabilidad corporativa en las atrocidades del pasado.
Mancuso detalló cómo el entramado paramilitar no solo se sostuvo con economías ilícitas como el narcotráfico y el secuestro, sino también a través de “transacciones y aportes hechos por empresas legalmente constituidas”. Esta versión, respaldada por testimonios de otros exjefes de autodefensas y documentos como el Informe Final de la Comisión de la Verdad, pone de manifiesto la profundidad de las alianzas entre el sector privado y los grupos armados ilegales.
Ecopetrol: ¿Petróleo para la guerra?
El caso de Ecopetrol, la compañía estatal más grande de Colombia, generó particular conmoción. Mancuso expuso ante la JEP que la petrolera habría permitido a los paramilitares extraer crudo que posteriormente era vendido, simulando haber sido obtenido de oleoductos de forma legal. Lo más grave de esta acusación es la implicación de que “mandos de alto nivel” dentro de Ecopetrol tenían conocimiento de estas operaciones y, presuntamente, ayudaban a coordinarlas.
El exparamilitar se comprometió a entregar más información sobre estos hechos, incluyendo los nombres de los funcionarios que habrían facilitado la extracción y comercialización ilegal del combustible. Esta promesa abre la puerta a futuras revelaciones que podrían salpicar a individuos específicos dentro de la estructura de la empresa.
Aunque la JEP no tiene la potestad de juzgar directamente a las empresas, sí puede procesar a empresarios por conductas directamente relacionadas con el conflicto armado interno. Las menciones de Mancuso, respaldadas por su compromiso de aportar pruebas, podrían desencadenar nuevas líneas de investigación y la comparecencia de otros actores del sector privado ante el tribunal de paz.
Un patrón de colaboración que emerge
Las acusaciones contra Ecopetrol no son un hecho aislado. Mancuso también ha señalado a otras gigantes como Postobón, Bavaria y Coca-Cola, aunque sobre estas últimas ha prometido entregar más detalles en el futuro. Casos previos, como el de Postobón, ya habían sido mencionados por otros exparamilitares, quienes afirmaron pagos directos a estructuras armadas. De igual forma, Coca-Cola ha enfrentado demandas en Estados Unidos por presuntas alianzas con paramilitares y la ONU ha criticado al Estado colombiano por la falta de profundidad en estas investigaciones, especialmente en relación con el asesinato de líderes sindicales.
La mención de Drummond, aunque no novedosa según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, refuerza el patrón de financiación a grupos armados, incluso a las Fuerzas Militares, a cambio de protección y expansión de sus operaciones.
Las audiencias de Salvatore Mancuso en la JEP en el 2023, revelaron la compleja red de complicidades que permitió el fortalecimiento de los grupos paramilitares en Colombia. Las acusaciones contra Ecopetrol y otras grandes empresas subrayan la necesidad de una verdad completa y una rendición de cuentas que abarque a todos los actores involucrados en el conflicto, sentando un precedente crucial para la construcción de una paz duradera. La sociedad colombiana espera que estas revelaciones conduzcan a la justicia y a la no repetición de tan dolorosos capítulos de su historia.
