Una nueva y crucial discusión jurídica ha irrumpido en el panorama político colombiano: la posible caducidad del proceso sancionatorio contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en su primera vuelta de 2022. Líderes del Pacto Histórico y al menos cuatro magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) sostienen que el plazo legal de tres años para que el organismo emita sanciones administrativas venció el pasado 29 de julio de 2025.
La situación plantea un giro significativo en la investigación sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña, que ha mantenido en vilo a varios actores políticos y ciudadanos. De confirmarse la caducidad, el CNE perdería su competencia para imponer sanciones, dejando sin efecto cualquier intento de penalización sobre los involucrados.
La polémica de los plazos y la Ley 1437 de 2011
El argumento central de la caducidad se fundamenta en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, que establece que la facultad sancionatoria de entidades como el CNE “caduca a los tres años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas”. Este término, según la interpretación de quienes defienden la caducidad, es el plazo máximo dentro del cual el acto que impone la sanción debe haber sido expedido o notificado.
Para la campaña de primera vuelta, celebrada el 29 de mayo de 2022, el plazo para entregar los informes contables al CNE vencía el 29 de julio de 2022. Por lo tanto, el término de caducidad habría expirado el 29 de julio de 2025. En cuanto a la segunda vuelta, realizada el 19 de junio de 2022, el plazo para los informes finalizó el 19 de agosto de 2022, lo que proyecta la caducidad para el próximo 19 de agosto de 2025.
La dirigencia del Pacto Histórico, junto con partidos como Colombia Humana y la Unión Patriótica, insisten en que el proceso nunca fue formalmente suspendido por los motivos que algunos señalan para extender los tiempos, como las recusaciones o los debates de competencia con el Consejo de Estado. Esto, a su juicio, impide cualquier extensión del periodo de investigación y sanción.
Magistrados divididos y la defensa de la caducidad
Al menos cuatro magistrados del CNE, identificados como Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Altus Baquero, compartirían el criterio de que pronunciarse a partir del 29 de julio sería ilegal. Esta postura abre un debate jurídico interno de gran relevancia dentro del organismo electoral.
Desde la defensa de Colombia Humana, a través de la firma Durán & García Group y el abogado Ulises Durán Porto, ya se ha solicitado formalmente a la Sala Plena del CNE que declare la caducidad de la función sancionatoria y se ordene el archivo del proceso. El argumento es contundente: si el plazo legal se agotó, el CNE carece de competencia para seguir adelante.
Impacto en la investigación y el precedente de la Corte Constitucional
La posible caducidad afectaría directamente a los implicados en la investigación, como el presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña, Ricardo Roa, y la tesorera, Lucy Aydee Mogollón, entre otros. De confirmarse, estos ya no tendrían que rendir cuentas por las presuntas inconsistencias en los informes de ingresos y gastos de la primera vuelta.
Es importante recordar que la Corte Constitucional ya se pronunció semanas atrás, declarando que el CNE no es competente para investigar directamente al presidente Gustavo Petro por las presuntas irregularidades de su campaña, pues esa responsabilidad recae en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Si bien el CNE manifestó que continuaría con el proceso sancionatorio respecto a los demás sujetos procesales, esta nueva discusión sobre la caducidad podría cambiar el panorama por completo. La Corte Constitucional ordenó al CNE remitir el expediente relacionado con el presidente Petro a la Comisión de la Cámara en un plazo de cinco días hábiles.
Con la llegada de este nuevo escenario jurídico, se espera que la bancada del Pacto Histórico presente un memorial ante el CNE para formalizar su argumento de caducidad. La decisión final del CNE será crucial y podría sentar un precedente importante en el derecho electoral colombiano.
