En un nuevo capítulo del extenso escándalo de las “chuzadas” del DAS, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha presentado una acusación formal contra Andrés Peñate, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El ente acusador sostiene que Peñate fue el arquitecto de una “organización criminal” que, desde el corazón de la inteligencia estatal, se dedicó a interceptar y espiar ilegalmente a magistrados, periodistas y líderes de la oposición.
La imputación judicial desmantela la percepción de Peñate como un mero reformador del organismo, argumentando que la red ilegal no fue una serie de acciones aisladas, sino un entramado sistemático que él mismo habría diseñado y puesto en marcha.
Un entramado criminal con continuidad
Según el fiscal del caso, la operación ilegal se gestó y operó bajo la dirección de Peñate, abarcando el periodo entre el 26 de octubre de 2005 y el 23 de octubre de 2008. Sin embargo, el esquema no terminó con su salida, sino que tuvo una continuidad planificada. El fiscal afirmó que la “organización criminal” prolongó su actividad bajo la administración de su sucesora, María del Pilar Hurtado, quien asumió el cargo un día después de la salida de Peñate y ya fue condenada por estos mismos hechos.
La acusación reveló el método utilizado para la entrega de información clandestina. Los datos recopilados ilícitamente eran enviados periódicamente a Bernardo Moreno, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), también condenado por el escándalo. Para este fin, se empleaba un sistema de seguridad llamado “valija”, un maletín al que solo Peñate y Moreno tenían acceso a través de una clave compartida. Estas reuniones de entrega de información eran denominadas “revista de documento”.
Las víctimas y el impacto en la democracia
Las “chuzadas del DAS” se convirtieron en uno de los mayores escándalos de violación a derechos fundamentales en la historia reciente de Colombia. La red de inteligencia ilegal tuvo como blanco a figuras críticas del gobierno de la época, incluyendo a la fallecida exsenadora Piedad Córdoba, magistrados de la Corte Suprema y diversos periodistas.
La Fiscalía ha determinado que estas prácticas no solo buscaban recopilar información, sino que tenían un objetivo mucho más perverso: obstruir procesos judiciales, coaccionar a opositores y desinformar sobre las actividades del alto tribunal, en un momento de profundas tensiones entre el poder ejecutivo y la rama judicial.
Próximos pasos judiciales
Con la acusación formal, Andrés Peñate deberá ahora responder ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones. Este caso cierra el círculo de responsabilidades en el escándalo de las “chuzadas”, mostrando que el esquema ilegal habría tenido una cabeza visible desde sus inicios.
La Corte será la encargada de definir el curso del juicio y determinar la responsabilidad de Peñate en un caso que sacudió los cimientos de la institucionalidad colombiana y que, una década después, sigue revelando nuevos detalles sobre el alcance de la red.
