La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra José Fernando Cardona Uribe, expresidente ejecutivo de Nueva EPS, por presuntamente autorizar el desvío de más de $1.000 millones de pesos destinados a la salud para financiar un plan de ahorro voluntario denominado “Plan Semilla”. La investigación señala que, en 2020, Cardona utilizó recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) —fondos que legalmente solo pueden emplearse para el aseguramiento en salud— y los clasificó como gastos administrativos, violando normas constitucionales y quebrantando el principio de moralidad pública.
El ente de control calificó provisionalmente su conducta como “falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima”, al considerar que el exdirectivo priorizó intereses particulares sobre el cumplimiento de su deber como administrador de recursos públicos. La decisión se suma a una investigación penal liderada por la Fiscalía General, que en abril imputó a Cardona y a tres exaltos ejecutivos de la EPS por peculado, fraude procesal y falsedad en documentos, relacionados con la ocultación de $70.500 millones de pesos en deudas con instituciones prestadoras de salud (IPS).
El esquema para maquillar la crisis
Según la Fiscalía, entre 2019 y 2023, Cardona y sus colaboradores —Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente financiero), Edgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabio Antonio Peralta Núñez (exgerente de cuentas médicas)— ocultaron cerca de 14 millones de facturas emitidas por clínicas y hospitales. Esta maniobra permitió presentar estados financieros falsos que simulaban utilidades y ocultaban pérdidas millonarias, evitando que la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) interviniera la entidad antes de 2024.
“El ocultamiento sistemático de facturas distorsionó la realidad financiera de Nueva EPS. De haberse revelado la verdad, la intervención estatal habría ocurrido años atrás”, afirmó el fiscal encargado durante la audiencia. Los documentos omitidos corresponden a servicios médicos no pagados, lo que hoy ha generado una crisis en la atención a pacientes y deudas impagables.
Un mandato prolongado y cuestionado
Cardona, médico especialista en administración de salud y exasesor de la Academia Nacional de Medicina, fue nombrado presidente de Nueva EPS en 2009 por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, tras ser respaldado por figuras políticas como la exministra de Salud Beatriz Londoño y el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus. Permaneció en el cargo 15 años, resistiendo cambios de gobierno hasta su salida en enero de 2024, durante la administración de Gustavo Petro.
Bajo su gestión, la EPS —propiedad en parte del Estado y cajas de compensación— acumuló problemas estructurales que, según expertos y la propia interventoría, fueron “maquillados” para mantener su operación. Hoy, la entidad enfrenta una severa crisis: deudas multimillonarias, retrasos en pagos a IPS y quejas masivas por la calidad de la atención.
Sin prisión preventiva, pero con múltiples frentes judiciales
Aunque la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, la juez del caso negó la orden, argumentando que no existía riesgo de obstrucción a la justicia. Los imputados rechazaron los cargos, pero el caso avanza en dos frentes: el disciplinario ante la Procuraduría y el penal ante la Fiscalía.
La gravedad de los hechos trasciende lo financiero. “Se pretendía mantener a Nueva EPS en el sistema para seguir recibiendo recursos públicos, ignorando que miles de afiliados estaban en riesgo por la falta de liquidez”, denunció un analista del sector salud, quien pidió anonimato.
Lo que sigue
La Procuraduría tiene plazo para resolver el proceso disciplinario, que podría derivar en destitución e inhabilidad. Mientras, la Fiscalía profundiza en cómo se orquestó el esquema para manipular las cuentas. La intervención de la Supersalud, iniciada en 2024, busca estabilizar la EPS, pero los daños causados durante años de mala administración siguen afectando a sus más de 3,5 millones de afiliados.
Este caso refleja, una vez más, las fragilidades del sistema de salud colombiano, donde la opacidad en la gestión de recursos públicos pone en jaque el derecho fundamental a la salud. Mientras tanto, Cardona Uribe, hoy en libertad, deberá demostrar su inocencia ante un entramado de evidencias que apunta a un deliberado plan para ocultar la verdad.
