La precandidata presidencial Vicky Dávila generó una fuerte controversia al pedir públicamente al presidente estadounidense Donald Trump una intervención militar de Estados Unidos en Colombia, en respuesta a los atentados con explosivos en Amalfi y Cali. En mensajes publicados en redes sociales, Dávila afirmó: “Presidente Donald Trump por favor venga también aquí por estos carteles de narcos… Que sus comandos especiales se los lleven”, e insinuó vínculos entre organizaciones criminales en Colombia y el supuesto “Cartel de los Soles” venezolano, una red cuya existencia nunca ha sido comprobada por autoridades colombianas o internacionales.
Una petición en conflicto con la Constitución y el Código Penal
La solicitud de Dávila no solo ignora principios básicos de soberanía nacional, sino que podría configurar un delito según el Artículo 176 del Código Penal colombiano, que sanciona a quien “en connivencia con una potencia extranjera, promueva o facilite la ocupación, total o parcial, del territorio nacional por fuerzas militares de aquella”. La Constitución de 1991, en su Artículo 7, establece que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo”, y el Artículo 189 reserva al presidente de Colombia la facultad exclusiva de comandar las Fuerzas Militares. Además, cualquier presencia de tropas extranjeras requiere aprobación del Congreso, tal como lo exige la Ley 1796 de 2016, que regula la cooperación militar internacional.
A diferencia del Plan Colombia (1999-2015), donde la cooperación con EE.UU. se basó en acuerdos bilaterales, la propuesta de Dávila replica una retórica intervencionista que históricamente ha sido rechazada en América Latina. Su insistencia en vincular los hechos al gobierno de Nicolás Maduro —sin presentar evidencias— refuerza una narrativa ya cuestionada por organismos como la ONU, que han destacado la falta de pruebas sobre el “Cartel de los Soles”.
¿Compatibilidad con el rol de presidenta?
La gravedad de sus declaraciones radica en que, como aspirante a la presidencia, Dávila tendría que jurar “defender la Constitución y las leyes de Colombia”. Sin embargo, su petición normaliza la idea de subordinar la seguridad nacional a intereses extranjeros, una postura que contrasta con el marco legal vigente. Colombia cuenta con mecanismos para colaborar en materia de extradición y lucha contra el narcotráfico —como el Tratado de Extradición de 1979—, sin necesidad de invitar a fuerzas armadas extranjeras a operar unilateralmente.
Además, su enfoque ignora que la invasión militar de un país soberano viola el Derecho Internacional, tal como lo establece la Carta de las Naciones Unidas. En 2008, el bombardeo efectuado por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe en Ecuador contra las FARC fue condenado por la Comunidad Internacional por infringir la soberanía de un Estado vecino. Hoy, proponer que otra nación actúe en territorio colombiano sin autorización estatal repite errores que han dañado la imagen internacional del país.
Consecuencias políticas y legales
Aunque es improbable que Dávila enfrente acciones penales inmediatas —dado el margen de expresión en campañas electorales—, su discurso podría ser analizado por incumplimiento del deber ciudadano de respetar la soberanía. Más allá de lo jurídico, su propuesta plantea una pregunta crítica: ¿Cómo justificar la defensa de la Constitución desde una candidatura que la desafía abiertamente?
En un contexto donde el 73% de los colombianos, según encuestas oficiales, priorizan soluciones internas para la seguridad, la estrategia de Dávila parece agravar la polarización en lugar de ofrecer alternativas viables. Mientras el debate electoral avanza, queda claro que la presidencia no solo exige propuestas, sino un compromiso inquebrantable con los principios que sostienen al Estado. Pedir a una potencia extranjera que resuelva problemas internos no es solo ilegal: es un acto incompatible con el cargo al que aspira.
