En un fallo definitivo que resuena en los círculos políticos y administrativos del país, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años contra Álvaro Leyva Durán. La decisión, adoptada en segunda instancia y firmada por el procurador Gregorio Eljach, pone fin a un proceso disciplinario derivado de graves irregularidades en la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes.
Fallo contundente por violación de principios de contratación estatal
El Ministerio Público determinó que la actuación de Leyva durante su gestión como canciller desconoció flagrantemente los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal. Según el ente de control, el entonces ministro declaró desierta la licitación pública bajo el argumento de que solo se presentó un único oferente. Sin embargo, este criterio carecía de fundamento legal, ya que dicho proponente cumplía con todos los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.
La Procuraduría destacó que la normativa contractual obliga a garantizar una selección objetiva y justa en los procesos licitatorios. Al declarar desierta la convocatoria sin justificación válida, Leyva incumplió con su deber de salvaguardar estos principios, lo que fue calificado como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo. Esta calificación sugiere que su actuación fue deliberada y conscientemente contraria a la ley.
Un proceso marcado por la ausencia de transparencia
El caso ha sido objeto de atención pública debido a las implicaciones que tiene para la gestión pública y la integridad en la contratación estatal. Según el comunicado oficial emitido por la Procuraduría, el único oferente en el proceso cumplía con todos los requisitos técnicos y legales exigidos, lo que hacía imposible justificar la declaración de desierto. Este hecho no solo evidenció una clara vulneración de los principios de transparencia, sino también una falta de diligencia en la protección del interés público.
El fallo subraya que la decisión de Leyva no solo careció de sustento jurídico, sino que además comprometió los recursos del Estado al obstaculizar un proceso que debió haber culminado en la adjudicación del contrato. Esta actuación, según el ente de control, configuró una transgresión grave a los principios fundamentales de la contratación pública.
Consecuencias para Álvaro Leyva
Con esta decisión, Álvaro Leyva queda inhabilitado para ejercer cargos públicos durante los próximos 10 años. Además, la destitución ratificada en segunda instancia implica que la sanción es definitiva y no admite recursos adicionales. Este fallo se suma al historial de sanciones disciplinarias que han alcanzado a altos funcionarios del Estado por irregularidades en procesos contractuales, reforzando la posición de la Procuraduría en la lucha contra la corrupción y la mala gestión pública.
