El senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, reconocido por su postura crítica frente a las prácticas políticas que considera corruptas, ha anunciado públicamente su intención de demandar judicialmente la designación de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, calificándola como una “corruptela nacional” que ya ha sido castigada previamente por la justicia.
Con tono contundente, a través de su cuenta de X, el senador expresó su rechazo a lo que denominó un “sistema de intercambio de favores” entre poderes del Estado, en referencia al mecanismo conocido popularmente como “tú me eliges, yo te elijo”, que supuestamente permitiría a ciertos sectores influenciar decisiones judiciales a cambio de apoyos políticos.
“Este no es un asunto menor”, afirmó Arias. “Estamos hablando de la independencia del poder judicial, un pilar fundamental de cualquier democracia. Cuando se convierte en un trofeo de negociación política, todo el sistema se deteriora”.
El senador, quien ha mantenido una trayectoria activa en temas de transparencia institucional, argumentó que la elección de Camargo representa un atentado a la imparcialidad del Poder Judicial. Según él, este tipo de prácticas han sido ya sancionadas en el pasado por la propia Corte, pero continúan siendo repetidas bajo nuevas fórmulas.
“La justicia ya ha castigado antes este tipo de dinámicas”, recordó Arias. “Y ahora nos encontramos nuevamente con el mismo patrón: un magistrado elegido no por mérito, sino por conveniencia política. Eso no puede seguir ocurriendo”.
Esta declaración se suma a una creciente ola de críticas desde sectores del Congreso y la sociedad civil sobre la posible injerencia política en la composición del Alto Tribunal. Esto en referencia a que, como Defensor del Pueblo, Camargo empezó a cosechar su aspiración a la Corte Constitucional. Nombró a familiares de 9 de los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la misma corte fue la que después lo ternó para el cargo.
La decisión del senador Arias podría marcar un punto de inflexión en el debate nacional sobre el futuro del sistema de justicia. Si bien aún falta confirmar cómo será recibida esta demanda por las instancias competentes, su intervención resalta una vez más la tensión entre los poderes del Estado y la necesidad urgente de reformas estructurales en el acceso a cargos judiciales.
Mientras tanto, el caso de Carlos Camargo permanece en el centro de la atención pública, con llamados crecientes a una investigación exhaustiva sobre sus antecedentes y vínculos políticos. Por ahora, el mensaje de Arias deja claro: no hay espacio para la corrupción en la justicia, ni siquiera bajo la forma de un “intercambio de favores” disfrazado de democracia.
