La tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos ha alcanzado un nuevo punto de quiebre. En un giro que confirma las sospechas de expertos y analistas, el gobierno de Donald Trump ha formalizado la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas. Esta decisión, anunciada por el presidente Gustavo Petro, llega en un momento paradójico: su administración ha batido récords en la incautación de cocaína.
Según un memorando firmado por el propio presidente Trump, Colombia fue designada como un país que “ha incumplido de manera demostrable” con sus obligaciones antinarcóticos. Sin embargo, en una medida que resalta el carácter político de la decisión, Trump aplicó un “waiver” (exención) para evitar la imposición de sanciones económicas, con la excepción de Afganistán. Esta medida, que dejará intacta la ayuda estadounidense de aproximadamente $380 millones de dólares anuales, valida la tesis de que la descertificación es más una herramienta de presión que una evaluación técnica.
Récord de incautaciones frente a la negación de esfuerzos
La decisión del gobierno Trump se da a pesar de los esfuerzos sin precedentes del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico. Según cifras oficiales, la Policía Nacional incautó 889 toneladas de cocaína en 2024, la cifra más alta en la historia del país. La tendencia continuó en el primer semestre de 2025, con 600 toneladas incautadas, un aumento del 20% respecto al mismo período del año anterior.
El presidente Petro calificó la decisión como un desconocimiento del sacrificio de miles de colombianos, incluyendo 107 miembros de la Fuerza Pública fallecidos en operativos, para detener el flujo de droga hacia EE. UU. Petro señaló que el esfuerzo colombiano en esta “guerra contra las drogas” no beneficia directamente a su pueblo, sino que está destinado a evitar que la sociedad norteamericana “se embadurne más las narices”.
La exclusión del Clan del Golfo: ¿Una contradicción insalvable?
La decisión de descertificar a Colombia se vuelve aún más contradictoria al considerar la reciente omisión del Clan del Golfo de la lista de organizaciones terroristas de EE. UU. . Este grupo, considerado el mayor exportador de cocaína del continente, fue retirado de un borrador inicial, una decisión que, al igual que la descertificación, fue calificada como una jugada política.
Mientras el gobierno colombiano intensifica la lucha contra los principales carteles como el Clan del Golfo, la decisión de la administración Trump de no sancionar económicamente a Colombia, pero al mismo tiempo criticar formalmente sus esfuerzos, refuerza la idea de que la “guerra contra las drogas” es un mecanismo de presión y control político. Esta estrategia, que parece más enfocada en la geopolítica y en las coyunturas electorales que en una cooperación efectiva, continúa generando tensiones y socavando la relación bilateral.
