Patricia Caicedo Omar, una destacada líder del movimiento de reforma agraria en Colombia y precandidata al Senado por el Pacto Histórico, se ha convertido en blanco de lo que ella y sus seguidores describen como una campaña coordinada de desprestigio. La controversia se dió cuando la congresista Sandra Milena Ramírez Caviedes (Cambio Radical), representante del departamento del Magdalena, presentó un video ante La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes alegando que Caicedo había intercambiado títulos de tierra a cambio de apoyo político. Sin embargo, las acusaciones de la Representante Ramirez, han recibido total rechazo parte de la sociedad civil y organizaciones campesinas en todo el departemnto del Magdalena y Atlántico, las cuales las califican como infundadas y totalmente alejadas de la realidad.
Las acusaciones: Una narrativa fabricada
El video presentado por Ramírez en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes muestra a un “campesino” anónimo acusando a Caicedo de corrupción. No obstante, el clip carece de detalles identificatorios del denunciante, pruebas verificables o fundamento legal. Caicedo calificó estas afirmaciones como un “asesinato político”, enfatizando que su trabajo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) siempre ha priorizado la transparencia y la justicia.
“Esto no es debate, es difamación”, declaró Caicedo en un comunicado en redes sociales. “He pasado años luchando por los derechos de los campesinos. ¿Ahora utilizan clips de audio anónimos para atacar mi integridad? ¿Dónde está el rigor? ¿Dónde está la verdad?”
Recuperación de tierras y escándalos familiares
La tensión surge de un reciente proceso de restitución de tierras liderado por la ANT, que recuperó 892 hectáreas en el Magdalena previamente ocupadas ilegalmente por Alonso de Jesús Ramírez Torres, padre de Sandra Ramírez y un excongresista condenado en 2016 por vínculos con parapolítica. Estas tierras fueron redistribuidas a 145 familias campesinas y pescadoras, una medida elogiada por los movimientos sociales como un paso histórico hacia la justicia agraria.
Para Caicedo, el momento de las acusaciones de Ramírez no es casualidad. “Se están vengando porque la ley recuperó lo que fue robado”, dijo desde Cali. “Mi trabajo empodera a los marginados. ¿El de ellos? Proteger privilegios”.
Respaldo contra la difamación
La organizaciones civiles y campesinas han mostrado su respaldo a Caicedo. La Federación de Mujeres “Nacimos Listas” condenó las acciones de Ramírez como “irresponsables e inéticas”, señalando que Cambio Radical, el partido que representa a Ramírez, tiene una larga historia de escándalos de corrupción. El Frente Amplio Caribe calificó el video como un “vil montaje” diseñado para desviar la atención de los problemas sistémicos. Incluso la FECAMDA, una federación campesina, afirmó su apoyo inquebrantable a Caicedo, calificando las acusaciones como “una táctica de la derecha para silenciar el progreso”.
Accióne legales y llamados a la responsabilidad
Caicedo ha prometido emprender acciones legales por difamación, enfatizando que su trabajo con comunidades vulnerables no será obstaculizado. “La dignidad de mi labor radica en el rigor y la verdad”, afirmó, desafiando a Ramírez a aclarar sus motivos. Mientras tanto, los líderes sociales instan a los ciudadanos a rechazar estas narrativas y exigir responsabilidad a los políticos que priorizan agendas personales sobre el servicio público.
Una lucha por la justicia
A medida que avanza el debate, Caicedo permanece firme en su misión de avanzar en la reforma agraria. “Los campesinos conocen la verdad”, afirmó. Con los procedimientos legales pendientes y la opinión pública inclinándose hacia la transparencia, el episodio subraya una lucha más amplia: si la clase política de Colombia defenderá la gobernanza ética o se aferrará a prácticas corruptas obsoletas. Para Caicedo, el camino a seguir es claro: “El cambio debe continuar.”
