La iniciativa, impulsada por los representantes a la Cámara José Jaime Uscategui, del partido Centro Democrático, y Juan Manuel Cortés, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, pretende modificar el artículo 219 de la Constitución Política para revertir una prohibición que ha estado vigente desde 1930. La radicación de un proyecto de acto legislativo que busca el derecho al voto a los más de 450.000 militares y policías en servicio activo en Colombia.
La propuesta se fundamenta en la premisa de que los miembros de la fuerza pública no son “ciudadanos de segunda categoría” y merecen ejercer el pleno derecho al sufragio, ya que defienden la democracia y pagan impuestos como cualquier otro colombiano. “Son nuestros héroes de la patria y por eso queremos devolverles este derecho”, afirmó el representante Cortés.
Antecedentes y restricciones
Desde 1930, una ley ha impedido a los uniformados participar en procesos electorales, una restricción que fue ratificada en el artículo 219 de la Constitución de 1991. El argumento principal de esta prohibición es la necesidad de mantener la neutralidad y la apoliticidad de las instituciones militares y policiales, evitando su vinculación con actividades partidarias.
El proyecto de acto legislativo, sin embargo, busca otorgar este derecho con importantes limitaciones. De aprobarse, los militares y policías podrían votar, pero con la prohibición de participar en campañas políticas, promover candidaturas o utilizar las instalaciones de las instituciones para actividades proselitistas. Según Uscategui, estas restricciones garantizan la “neutralidad institucional y el secreto del voto”, mientras se reconoce la plena ciudadanía de quienes entregan su vida por el país.
Un camino largo y no inmediato
El proyecto de ley debe superar ocho debates en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. En caso de ser aprobado, no se aplicaría de manera inmediata para las próximas elecciones. La iniciativa establece un plazo de un año para que la Registraduría y el Gobierno nacional reglamenten su implementación, lo que significa que la medida se haría efectiva en los comicios que se realicen cuatro años después de la aprobación.
“Nos damos un plazo prudencial para que, entrando en vigencia, pero con la reglamentación, se haga efectivo dentro de cuatro años”, explicó Uscategui.
El controvertido espejo venezolano
El debate sobre la politización de la fuerza pública es un tema sensible en América Latina. La propuesta del Centro Democrático, liderada por el representante Uscategui, no ha estado exenta de críticas y cuestionamientos, especialmente al considerar el paralelo con el modelo venezolano. En Venezuela, la Constitución de 1999, impulsada por el chavismo, otorgó a los militares el derecho al voto. A partir de ese momento, la influencia de la Fuerza Armada Bolivariana en la vida política del país se fortaleció significativamente, convirtiéndose en un pilar fundamental para la permanencia del régimen en el poder.
La oposición venezolana ha denunciado en reiteradas ocasiones la presencia militar en jornadas electorales para garantizar resultados, lo que demuestra la relevancia política de la institución armada en el país. Este hecho genera un profundo cuestionamiento en Colombia, pues el uribismo, el mismo sector político que impulsa esta iniciativa, ha satanizado históricamente el modelo chavista, considerándolo una amenaza para la democracia. Sin embargo, en esta ocasión, parece dispuesto a replicar una de las estrategias que ha sido clave para el sostenimiento del régimen que tanto critican.
A pesar de las posibles controversias, los congresistas impulsores del proyecto insisten en que su iniciativa representa un acto de justicia y un reconocimiento a la labor de los uniformados. La propuesta ya cuenta con el respaldo de más de 12 congresistas de diferentes bancadas, y sus autores confían en que sea aprobada para que los héroes de la patria tengan voz en las urnas.
