Durante una acalorada sesión en el Congreso, el representante a la Cámara por Caldas, Santiago Osorio Marín, del partido Alianza Verde, acusó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de socavar el compromiso del presidente Gustavo Petro de no prorrogar concesiones viales, revelando una maniobra que podría condenar a los ciudadanos del Eje Cafetero a pagar peajes durante otros 30 años.
La polémica sale a la luz
Osorio denunció que, en reuniones a puerta cerrada, funcionarios de la ANI y representantes de Autopistas del Café —consorcio que administra las vías en Caldas, Quindío y Risaralda— negocian una extensión de 30 años para el cobro de peajes, por un valor superior a los 10 billones de pesos colombianos. Esta acción contradice directamente la orden presidencial de no renovar concesiones viales, reiterada por Petro en múltiples ocasiones desde su llegada al Gobierno.
«La gente de la región sigue pagando la carretera más cara del país, construida con nuestros impuestos», afirmó Osorio durante su intervención, mostrando documentos que respaldan sus aseveraciones. «Ahora pretenden que sigamos financiándola tres décadas más, mientras unos pocos se benefician. ¿Hasta cuándo permitiremos que los peajes sean el botín eterno de privilegiados?».
Un choque entre políticas y intereses
El congresista señaló la tensión entre la agenda de reformas de Petro y los actores arraigados en la ANI, heredados de gobiernos anteriores. Enfocó su crítica en Alex Samuel Wihiler Bautista, alto funcionario de la ANI designado en administraciones previas, quien lideraría la llamada «reformulación» del contrato. «Esto no es infraestructura, es enriquecimiento ilícito», advirtió.
Osorio destacó que el Gobierno actual ha sido claro: al vencerse una concesión, las vías deben revertirse al control público. Sin embargo, denunció que funcionarios de segundo nivel de la ANI buscan evadir esta directriz mediante procesos opacos, sin participación ciudadana. «El futuro de estas decisiones no lo discute la gente, sino un puñado de burócratas que rinden pleitesía a los empresarios», aseguró.
Impacto en la ciudadanía y debate nacional
El Eje Cafetero, eje vital para el turismo y la exportación del café, depende en gran medida de estas vías. El representante advirtió que la prórroga agravaría la carga económica de familias de bajos ingresos, que ya destinan una parte significativa de sus recursos al pago de peajes. «No se trata solo de dinero, sino de justicia», subrayó. «El Estado debe asumir su responsabilidad, no dejar las vías en manos de entidades que priorizan ganancias sobre el bien común».
Su denuncia se inscribe en un debate nacional sobre la transparencia en los contratos de infraestructura, donde el modelo de concesiones ha sido cuestionado por favorecer intereses privados en detrimento de los usuarios.
Respuesta gubernamental y próximos pasos
En respuesta directa a las acusaciones de Osorio, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta oficial de X: “Ordené que las concesiones viales que reviertan, serán de ahí en adelante administradas por el gobierno. El costo de los peajes disminuirá en el país” . Este pronunciamiento refuerza su postura de no prorrogar concesiones y busca calmar las críticas, pero también desafía a la ANI a cumplir con las instrucciones emanadas desde el Palacio de Nariño.
El congresista presentará una queja formal ante las instancias competentes contra los funcionarios señalados, exigiendo que se respete la voluntad ciudadana. «No permitiremos que la maquinaria del pasado defina nuestro futuro», concluyó. «Las carreteras deben servir al pueblo, no a la codicia».
Mientras el escándalo gana fuerza, la ANI y el Gobierno enfrentan la prueba de demostrar que las reformas prometidas no quedan en discursos, sino que se traducen en acciones concretas para recuperar el control público de las vías.
