Mientras Santa Marta conmemoraba el pasado 29 de julio sus 500 años de fundación, la administración del alcalde Carlos Pinedo enfrenta una polémica: un gasto récord en publicidad oficial que supera con creces los montos ejecutados por sus antecesores y levanta serias dudas sobre el uso discrecional de recursos públicos. Según una investigación de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Alcaldía Distrital ha destinado 8.479 millones de pesos a campañas publicitarias entre enero de 2024 y julio de 2025, cifra que equivale a más del triple del total gastado en los cuatro años previos.
Un gasto sin precedentes en medio de crisis sociales
La administración de Pinedo, elegida en 2023 con el lema “Transformar las prácticas públicas”, ha incrementado en 60 % el presupuesto para publicidad oficial en comparación con la gestión anterior. Este desembolso, equivalente al costo operativo de más de 100 carrotanques de agua, resulta especialmente controvertido en una ciudad que históricamente enfrenta desabastecimiento del líquido. Los recursos se han canalizado a través de 39 contratos directos con 27 empresas, sin licitación pública, lo que, aunque legal, viola los principios de transparencia y selección objetiva exigidos por la ley.
El “club de los cinco”: Concentración de contratos en medios afines
De los 39 contratos analizados, cinco empresas acaparan casi el 50 % del total del gasto:
- Radio Hoy SAS, Editora de Medios SAS y Grupo de Medios SAS (vinculadas al Hoy Diario del Magdalena y Radio Hoy), con 2.140 millones de pesos en cinco contratos.
- Canal Popular SAS (Diario Ajá y Qué), con 810 millones.
- Unidad de Medios SAS (Opinión Caribe), con 705 millones.
- Cipriano López e Hijos (Radio Magdalena), con 565 millones.
- Bird Marketing Services, encargada de redes sociales, con 550 millones.
Estas empresas, según revela la investigación de la FLIP, reciben pagos por servicios como “cubrimiento en vivo de eventos”, “entrevistas a funcionarios” y “diseño de cuadernillos especiales”, sin que en muchos casos se identifiquen como contenidos pagados. Esto genera confusión entre información periodística y propaganda gubernamental, una práctica cuestionada por su falta de transparencia.
Contratos genéricos y límites éticos superados
El análisis de los contratos muestra que 37 de ellos comparten el mismo objeto: “Fortalecimiento de comunicaciones para garantizar un gobierno abierto”. Esta repetición sistemática, señala la FLIP, evidencia una falta de especificidad técnica y una justificación débil para cada contratación. Además, cláusulas como “realizar entrevistas periódicas con funcionarios” o “cubrir ruedas de prensa” implican una intromisión en la línea editorial de los medios, transformando la cobertura periodística en un servicio contractual.
En respuesta a un derecho de petición, la Alcaldía argumentó que los contratistas fueron seleccionados por “idoneidad y experiencia”, aunque admitió que estos requisitos no eran obligatorios en todos los casos. Sin embargo, no aclaró cómo se verificó dicha idoneidad, dejando abierta la sospecha de favorecimiento.
Reacción política: “Un completo desastre”
La polémica ha generado rechazo en sectores políticos y ciudadanos. La lidereza Patricia Caicedo, criticó duramente el hecho en su cuenta de X:
¿Publicidad institucional o autopromoción?
Parte del gasto incluye contenidos claramente orientados a exaltar la gestión de Pinedo, como un “cuadernillo especial de 24 páginas” en Hoy Diario o un “artículo de cinco páginas” en Publicaciones Semana, presentados como noticias independientes. Esta estrategia, advierte la FLIP, viola el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), que prohíbe usar fondos públicos para promover a servidores o partidos políticos.
“No se trata de cuestionar la publicidad institucional, sino de denunciar un modelo que bordea la propaganda personalizada y socava la independencia de los medios”, afirmó la FLIP, organización que insta a la Procuraduría y la Contraloría a investigar si estos gastos responden a necesidades reales o a una “fidelización mediática” de la administración.
Promesas incumplidas y llamado a la rendición de cuentas
La cifra récord contrasta con las promesas iniciales de Pinedo de “transparencia y austeridad”. Mientras ciudadanos exigen respuestas, organizaciones civiles recuerdan que los recursos destinados a publicidad oficial deben servir para “informar, no para confundir”. En un contexto de escasez de agua y servicios básicos deficientes, el gasto en comunicación oficial parece priorizar la imagen sobre las necesidades urgentes de la ciudad.
