Una compleja red de conspiración, que involucra a figuras políticas colombianas, congresistas conservadores de Estados Unidos y, supuestamente, grupos armados, habría orquestado un plan para desestabilizar el gobierno del presidente Gustavo Petro y, en última instancia, sacarlo del poder o impedir que presida las elecciones de 2026. Las revelaciones de audios y una serie de cartas del excanciller Álvaro Leiva Durán han puesto al descubierto esta intrincada trama, generando una profunda crisis política y diplomática. Esta profunda investigación es el resultado de una alianza periodística entre Señal Colombia y la Revista Raya, presentada en su espacio ‘Señal Investigativa‘.
La reconstrucción de los hechos, que abarca los últimos cuatro meses, detalla una secuencia de acciones dirigidas a socavar la legitimidad y la capacidad de gobernar de Petro.
Los Ejes de la Conspiración, Según la Reconstrucción de la Revista Raya:
- El Rol del Excanciller Leiva y sus Acusaciones: La Revista Raya documentó cómo el excanciller Álvaro Leiva Durán es señalado como un instrumento clave en la ejecución del presunto derrocamiento. Audios revelados por el diario El País de España evidencian sus reuniones con congresistas conservadores de derecha en Estados Unidos y su planificación para sacar a Petro del poder con ayuda de dicho país. Un mes después de una intervención de la vicepresidenta Francia Márquez que sembró división, Leiva afirmó en audios que estaba “encima de ella” y que la vicepresidenta estaba “jugada”. Posteriormente, Leiva publicó cartas acusando gravemente a Petro de drogadicción, un mensaje que fue ampliamente magnificado por los medios tradicionales. En su primera carta, expuso la supuesta ingobernabilidad del presidente, refiriéndose incluso al “plan pistola” del Clan del Golfo. En cartas posteriores, Leiva reiteró que Petro estaba “enfermo” y que debía revisarse su permanencia en el cargo, e incluso sugirió la posibilidad de un golpe de estado, afirmando que “ya no más presidente Petro, hora de irse”. Anticipó que, de insistir Petro en sus reformas, podría “terminar en la cárcel” y, tras el atentado al senador Miguel Uribe, llegó a sugerir que este era “responsabilidad del presidente Petro”. El presidente Petro ha interpuesto una denuncia penal contra Leiva por calumnia, injuria agravada, traición a la patria, instigación para delinquir y conspiración, con su abogado señalando que Leiva buscaba “fragmentar” y “dividir la estabilidad del estado de derecho”.
- La Participación de Congresistas Estadounidenses y la Oposición Colombiana: La conspiración habría contado con la participación activa de congresistas conservadores de Estados Unidos, como Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez, Marco Rubio y María Elvira Salazar. Díaz-Balart y Giménez replicaron de forma permanente el mensaje de Leiva: “Petro es un drogadicto, no puede dirigir el país y debe salir de la presidencia”. Figuras de la oposición colombiana, como la precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila, se reunieron en EE.UU. con Díaz-Balart y Marco Rubio, denostando a Petro y presentándose como “salvadora”. Dávila se convirtió en un “principal altavoz” de Leiva, asegurando que “todo el mundo sabía que Petro era drogadicto” y comparándolo con un “piloto borracho”. El 18 de marzo de 2025, ocho senadores de oposición hundieron la reforma laboral, provocando una convocatoria de consulta popular por parte del gobierno. Poco después, el 24 de marzo, un grupo de congresistas colombianos de oposición, liderados por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, viajaron a EE.UU. para reunirse con Díaz-Balart y Henry Cuellar. En esta reunión, Cepeda afirmó que la presión de Petro para aprobar la reforma laboral era una “expresión golpista”. La prensa colombiana interpretó la reunión como un “llamado de alerta sobre los riesgos de la democracia”. El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, también denunció a Petro ante la Comisión de Acusaciones por su supuesto estado de salud mental y física. Posteriormente, Cepeda incluso mostró intenciones de desconocer al presidente Petro al pretender reunirse con las fuerzas militares pasando por encima del mandatario, una afirmación que fue considerada por varios partidos como una invitación a la sedición para dar un golpe de estado, ya que la Constitución establece que el jefe máximo de las fuerzas militares es el presidente.
- La Estrategia de Desestabilización del Orden Público: En paralelo a las acusaciones de ingobernabilidad, se registraron acciones de grupos armados que fueron utilizadas para reforzar la narrativa del caos. Entre el 15 y el 27 de abril, el Clan del Golfo declaró un “paro armado” y un “plan pistola”, asesinando a 27 uniformados. Este hecho fue citado por Leiva como prueba de que el orden público “se le había desguardado” a Petro. El 18 de mayo, disidencias de Iván Mordisco detonaron una bomba en Cali, y el 10 de junio, tras el ataque al senador Miguel Uribe, hubo una escalada de atentados en el suroccidente del país, que resultaron en siete muertos y 28 heridos. Estos eventos fueron descritos como el “perfecto caos” usado por la oposición para justificar la salida de Petro del poder.
- La “Cortina de Humo” de la Noticia Falsa: En medio del escándalo por los audios del plan golpista, se construyó una noticia falsa para desviar el debate: la supuesta reunión del presidente Petro con el narcotraficante ecuatoriano alias ‘Fito’. La Revista Raya rastreó el origen de este mensaje, encontrando que provino de una cuenta de X en Ecuador sin verificación oficial, y se difundió ampliamente en Colombia por medios de comunicación y figuras como Vicky Dávila y el columnista Mauricio Vargas. Dávila afirmó que la revelación del golpe de estado era una “cortina de humo” para esconder el “viaje extraño” de Petro a Manta, Ecuador. El presidente Petro desmintió la información, calificándola de “una leivada más, pero hecha por otros”. El ministro del Interior de Ecuador, John Reinberg, confirmó la estancia de Petro en Manta, pero fue claro en señalar que no había evidencia de reuniones con alias ‘Fito’, lo que confirma que la noticia carece de sustento.
La situación ha llevado a una crisis diplomática, con Colombia y Estados Unidos llamando a sus respectivos embajadores para revisar la relación. El expresidente Ernesto Samper, quien también fue víctima de una conspiración en los años 90 de la que se acusó a Álvaro Leiva y en la que Estados Unidos habría participado de alguna manera, ha alertado sobre esta coyuntura. Samper ha señalado que no cree que Estados Unidos incurra en el “gravísimo error de prestarse para una aventura” de derrocar a un presidente elegido democráticamente, y que las fuerzas armadas colombianas son “civilistas”. Sin embargo, también advirtió sobre la “amenaza de una derechización del continente” y la llegada de “proyectos fachistas” que buscan desestabilizar la institucionalidad democrática y atacar a los gobiernos progresistas.
La Fiscalía ha iniciado investigaciones tras la denuncia de Petro, y Señal Investigativa ha confirmado que en los próximos días se radicarán más denuncias penales contra otros presuntos implicados en esta trama. Este plan de desestabilización, con tentáculos que llegan hasta otros países, promete seguir revelando desarrollos en el panorama político colombiano.
