Las comunidades del Bajo Sinú se han unido en una lucha desesperada para exigir soluciones al colapso ambiental y humano causado por el deterioro del Caño Bugre, un afluente que una vez fue vital para su subsistencia pero ahora las sumerge en la miseria. Tras meses de inundaciones, pérdidas económicas y abandono gubernamental, los manifestantes bloquearon la vía que conecta Cereté con Lorica, exigiendo atención inmediata del gobierno nacional y local.
La protesta pacífica, que culminó con una mesa de diálogo en San Pelayo, no fue un evento aislado, sino el resultado de la impotencia y la miseria que se han apoderado de una región ancestralmente ligada al agua. Los habitantes denuncian que llevan más de tres meses con sus viviendas y cultivos anegados, lo que ha provocado la pérdida de animales, cosechas y la destrucción de sus tres principales fuentes de sustento: el agua limpia, la tierra fértil y la pesca. La sedimentación del caño y el deterioro progresivo de la Ciénaga Grande de Lorica, han transformado un afluente vital en una fuente de enfermedades y pobreza extrema.
El drama humano es incalculable. Voceros de la comunidad relatan tragedias como la muerte de un niño cuya casa permanecía inundada, un testimonio desgarrador que subraya la urgencia de la situación. El abandono se siente de manera palpable; los manifestantes del bloqueo de vía en Cereté, exhaustos, clamaban “estamos sin comida, estamos sin nada”, y acusaban a las autoridades de inacción, sintiéndose “olvidados del mundo”. El alcalde de Cotorra, en particular, fue señalado por no haber brindado ni siquiera ayuda humanitaria básica.
La situación del caño Bugre es el epítome de una problemática estructural que, según el líder social Luis Fernando Ballesteros, las administraciones locales no han podido o querido resolver. La crisis, que se ha agudizado en los últimos cuatro meses, no es más que el resurgimiento de un problema histórico. El activista digital Daniel Montes, conocido como “El profe Dani”, ha denunciado a través de su canal la desaparición del caño Bugre, una arteria fluvial que hace 30 años conectaba el Bajo y el Alto Sinú, navegable incluso para grandes embarcaciones. “Este río (…) luego de 30 años está desaparecido y lo único que ha dejado es pobreza y enfermedades”, sentencia Montes, resaltando que las comunidades lo único que piden es que se les saque del “baúl del olvido”.
Ante la movilización, la respuesta de las autoridades ha sido la promesa de acción. El alcalde de San Pelayo ha reconocido la legitimidad de la protesta y se ha comprometido a crear una mesa de trabajo con los alcaldes de los municipios afectados para definir un plan de acción conjunto. La meta es clara: viajar a Bogotá para presionar al Gobierno Nacional, exigiendo la misma atención y cuantiosos recursos que ha recibido la región de la Mojana. Por lo pronto, el gobierno local se ha comprometido a entregar ayuda humanitaria inmediata.
Las comunidades han dado un respiro, levantando los bloqueos a la espera de que los compromisos asumidos se materialicen. Sin embargo, su mensaje es inequívoco: no seguirán esperando pasivamente. La crisis del caño Bugre ha servido para que se organicen y entiendan que su única salida es la presión organizada y unificada para “revivir” el caño. Para ellos, drenar y rescatar este afluente no es solo una necesidad ambiental, sino la clave para recuperar la vida y la dignidad en una región que se siente relegada y condenada a la miseria.
