La absolución en segunda instancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte del Tribunal Superior de Bogotá ha desatado un sismo jurídico de alta intensidad, que lejos de concluir el proceso, lo catapulta a la máxima instancia judicial del país: la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante la interposición del recurso extraordinario de casación.
La decisión, emitida por la mayoría del Tribunal, ha sido vehementemente rechazada por el equipo legal de las víctimas y querellantes, quienes han anunciado inmediatamente que utilizarán la casación para que sea la Sala de Casación Penal de la CSJ quien defina el futuro legal del exmandatario. De forma paradójica, el proceso regresa al alto tribunal al que el expresidente había “huido” tras renunciar a su curul en el Senado.
Críticas al sustento probatorio del fallo absolutorio
Uno de los ejes centrales de la controversia y del próximo recurso legal radica en el presunto “desconocimiento” de elementos probatorios indiciarios por parte del Tribunal. Los querellantes argumentan que la sentencia absolutoria “carece del sustento de valoración natural que debe tener una decisión judicial” y que desestima pruebas que construyen el supuesto modus operandi del expresidente en 2018.
La parte acusadora señala que el fallo puso en duda la credibilidad de testigos clave como Yanira Gómez y Juan Guillermo Monzalve, pese a que sus declaraciones han mantenido una coherencia temporal. La crítica es contundente: el Tribunal no habría valorado correctamente la supuesta instrumentalización del abogado Diego Cadena por parte de Uribe Vélez, con el fin de obtener declaraciones “falsas y mendaces” que buscaban dos propósitos: la incriminación del senador Iván Cepeda (uno de los querellantes) y la absolución del propio Uribe.
Según esta línea de argumentación, la instrumentalización probada en primera instancia —la búsqueda de faltar a la verdad a cambio de beneficios para testigos como Juan Guillermo Monzalve y Carlos Enrique Vélez— constituiría la base del delito de soborno en actuación penal y, al buscar engañar a la administración de justicia, del delito de fraude procesal.
La ruta jurídica a la CSJ y el dissentimiento interno
El camino a la Corte Suprema se ha activado con un plazo de cinco días para la interposición del recurso de casación, seguido de treinta días hábiles para su debida sustentación. Una vez formalizado, el caso será revisado por la Sala de Casación Penal, un proceso que podría tomar hasta cinco años en su definición, aunque dada la trascendencia nacional del caso, se espera una resolución más expedita.
Es fundamental destacar el salvamento de voto de la magistrada Oviedo, quien, a diferencia de la mayoría del Tribunal (magistrado Merchán y su compañera), presentó una “rigurosa línea argumentativa y dogmática” que solicitaba confirmar la decisión de primera instancia, la cual era contraria a la absolución. Este voto disidente se convierte en un punto de apoyo crucial para la estrategia de la parte acusadora ante la Corte Suprema.
Pese a que el equipo legal de las víctimas admitió la reciente determinación como una “derrota”, han enfatizado que la “batalla no ha terminado” y persistirán en su “obsesión por la justicia”, con la convicción de que, en Colombia, la justicia “también muerde a los poderosos”.
Así, el caso de alto perfil que ha marcado la historia judicial contemporánea de Colombia entra en su fase definitiva, regresando a la Corte Suprema de Justicia para un examen que determinará el desenlace de uno de los procesos judiciales más polarizantes del país.
