En un movimiento estratégico para frenar el déficit fiscal de 12 billones de pesos y cerrar la brecha tributaria frente a la región, el Gobierno Nacional ha anunciado un incremento estructural a los impuestos del alcohol y el tabaco. La medida, oficializada bajo el marco de la Emergencia Económica, busca no solo recaudar fondos frescos sino atacar frontalmente los indicadores de salud pública.
El detonante de esta decisión fue el reciente rechazo del Congreso a la Ley de Financiamiento. Ante este escenario, el presidente Gustavo Petro calificó como “rezagada” la tributación actual de Colombia, señalando que el país mantiene cargas impositivas significativamente bajas para sustancias que encabezan las estadísticas de mortalidad nacional: la nicotina y el alcohol.
Un modelo basado en la graduación y el riesgo
A diferencia de gravámenes anteriores, esta reforma se apoya en un estudio técnico del Banco Mundial. Según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la nueva metodología no será plana, sino que aplicará tasas diferenciadas:
- Bebidas Alcohólicas: El impuesto se calculará según la graduación de alcohol.
- Tabaco y Nicotina: El tributo dependerá de los niveles de concentración de las sustancias.
- Nuevos Actores: Por primera vez, los cigarrillos electrónicos (vapeadores) y dispositivos de calentamiento de tabaco —que anteriormente gozaban de exenciones— entrarán en el esquema tributario.
Se estima que la medida inyectará aproximadamente 1,6 billones de pesos adicionales a las arcas del Estado. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, calificó estos “impuestos saludables” como una herramienta triple: “Salva vidas, reduce la pobreza y aumenta la recaudación”.
El “dilema ético” de las regiones
La medida ha levantado una polvareda política liderada por 17 mandatarios departamentales. Figuras como Dilian Francisca Toro (Valle del Cauca), Magali Matiz (Tolima) y Andrés Julián Rendón (Antioquia) han manifestado su firme oposición.
El argumento de los gobernadores se centra en la estabilidad financiera territorial. Actualmente, gran parte de los presupuestos para salud, educación y deporte en las regiones dependen directamente de las rentas cedidas por el consumo de licores y cigarrillos.
La paradoja regional: Analistas advierten que la oposición de los gobernadores deja al descubierto una contradicción sistémica: los entes territoriales necesitan que la población consuma productos nocivos para poder financiar, irónicamente, el sistema de salud que atiende las enfermedades causadas por esos mismos productos.
Mientras el Gobierno avanza con la implementación, el debate nacional se traslada ahora a la legitimidad del uso de la Emergencia Económica para estas reformas y a la necesidad urgente de rediseñar el modelo de financiación de las regiones para que no dependa de la mala salud de sus ciudadanos.
