El gobierno de Colombia inició oficialmente el proceso para extraditar a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), quien se encuentra refugiado en Nicaragua tras ser imputado por su presunta participación en el escándalo de corrupción que afecta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La solicitud, confirmada por el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales, incluye documentos clave que evidencian la gravedad de las investigaciones en su contra.
Extradición como prioridad
La Cancillería colombiana envió una nota urgente y prioritaria al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua (Minrex), solicitando la entrega del exfuncionario. El documento, firmado por Óscar Iván Muñoz Giraldo —encargado de Negocios de la Embajada de Colombia en Managua—, señala que González, actualmente con residencia en ese país, es requerido por la justicia local para enfrentar cargos como cohecho, peculado, apropiación y lavado de activos. Entre los archivos adjuntos destacan pruebas sobre su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos destinados a la gestión de desastres, un caso que ha conmocionado al país.
“La Embajada de Colombia reitera nuestro agradecimiento al Minrex por las gestiones adelantadas y su excelente disposición”, se lee en la comunicación, aunque el éxito del proceso dependerá de la colaboración de Nicaragua, cuyo historial en este tipo de solicitudes ha sido irregular.
Controversia en las gestiones diplomáticas
La misma figura que ahora pide la extradición de González —Muñoz Giraldo— fue quien, en mayo pasado, extendió ilegalmente su permiso de residencia en Nicaragua sin autorización de Bogotá. Esta decisión generó críticas, ya que el exdirector del DAPRE, cercano al entorno de Petro, huyó del país en noviembre de 2023 durante las indagaciones por el escándalo de la Ungrd. Ahora, su rol dual —gestor de asilo y luego de extradición— ha sido cuestionado por analistas, quienes advierten sobre posibles inconsistencias en las acciones del gobierno.
Carga procesal y riesgos políticos
González, también exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), enfrenta una orden de captura desde julio por ordenar pagos irregulares de 4.000 millones de pesos a los expresidentes del Senado e la Cámara, Iván Name y Andrés Calle. Su caso, vinculado a altos niveles de corrupción durante la administración anterior, ha convertido su extradición en un tema sensible para el nuevo gobierno, que busca demostrar transparencia.
El presidente Petro, al compartir el correo electrónico con los documentos, insistió en separar su administración de las decisiones tomadas por anteriores autoridades. “Este es un paso firme hacia la justicia”, afirmó en Twitter, donde destacó la formalización del trámite. Sin embargo, la respuesta de Nicaragua —gobernada por Daniel Ortega, con quien Colombia mantiene relaciones tensas— sigue siendo incierta, lo que podría retrasar el proceso.
Próximos pasos
Nicaragua tiene 60 días hábiles para responder a la solicitud, según el tratado bilateral de extradición. Mientras tanto, la Fiscalía colombiana continúa recopilando evidencias para fortalecer el caso. La situación de González, reflejo de una red de corrupción que involucra a múltiples actores, pone a prueba la capacidad del gobierno para recuperar fondos y castigar a los responsables, en un contexto donde la impunidad aún prevalece en muchos casos similares.
