Un fallo emitido hoy por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín ha generado un remezón en la esfera política y judicial del país. Si bien la sentencia se profirió para condenar al exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, por el secuestro de la fallecida senadora Piedad Córdoba, el punto que acaparó la atención es la orden de compulsar copias contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano, Santiago Uribe Vélez, como presuntos determinadores de dos homicidios ocurridos en 1998.
El juzgado pide a la Fiscalía General de la Nación investigar a los hermanos Uribe y a un “General Ospina” por los asesinatos de los reconocidos defensores de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y Jorge Eduardo Umaña Mendoza.
Condena por el secuestro de Piedad Córdoba
En la parte principal del fallo, el tribunal condenó a José Miguel Narváez Martínez a 28 años de prisión por su rol como determinador del secuestro extorsivo agravado de la entonces senadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz en 1999. Este delito fue calificado como de lesa humanidad.
Además de la pena de cárcel, la sentencia impone una multa superior a los 3.400 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo periodo. También se ordenó el pago de 800 salarios mínimos a favor de Natalia María Córdoba Castro, hija de la excongresista, como reparación. Narváez fue hallado culpable de promover y determinar el secuestro al entregar información sensible a estructuras paramilitares, específicamente el Bloque Central Bolívar de las AUC, liderado por Carlos Castaño.
El giro inesperado: Uribe y los homicidios de defensores
El numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia es el que contiene la directriz de investigar a los hermanos Uribe Vélez. El texto judicial ordena: “COMPULSAR COPIAS a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez y al General Ospina como presuntos determinadores del homicidio de los ciudadanos Jorge Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo”.
La base de la compulsa: testimonios y una reunión clave
La decisión judicial se sustenta en la valoración de testimonios y documentos judicializados durante el proceso. Específicamente, se cita la declaración del desmovilizado Francisco Enrique Villalba Hernández, exparamilitar de las AUC, quien relató una supuesta reunión en 1997 en la finca La Marranera.
Según Villalba, en dicho encuentro habrían participado figuras como Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago Uribe, un “General Ospina” de la Cuarta Brigada del Ejército, y otros agentes estatales y paramilitares. El propósito de la reunión, según el testimonio, era discutir y determinar atentados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos considerados “enemigos”, pues estaban “molestando sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban llevando a cabo entre paramilitares y militares”.
El fallo subraya que los testimonios sugieren la existencia de una “estructura organizada con capacidad de planeación, ejecución y adoctrinamiento, que operaba en coordinación con actores estatales y operadores ideológicos”, y que los asesinatos de los defensores se enmarcan en un “patrón sistemático de persecución”.
¿Quiénes eran las víctimas?
- Jesús María Valle Jaramillo: Abogado y profesor universitario, oriundo de Ituango, Antioquia, y fundador del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia. Se le recuerda por su férrea denuncia de la connivencia entre paramilitares y agentes estatales, especialmente tras las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997). Fue asesinado en su oficina de Medellín en febrero de 1998 por un comando paramilitar.
- Jorge Eduardo Umaña Mendoza: Abogado penalista y exalcalde de Ituango, con trayectoria en la defensa de sindicatos (como la USO) y víctimas de la violencia política, incluyendo miembros de la Unión Patriótica. Fue asesinado en su oficina de Bogotá en abril de 1998 por sicarios que se hicieron pasar por periodistas.
Ambos crímenes han sido declarados de lesa humanidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y son considerados símbolos de la persecución contra la defensa de los derechos humanos en Colombia.
Reacciones y el camino a seguir
Tras conocerse la decisión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez utilizó su cuenta de X para calificar la compulsa de copias como “miserable”, argumentando que se basa en una “declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”.
La jueza Claudia Marcela Castro, que dictó el fallo, aclara que la compulsa de copias no implica una imputación penal. Es una obligación legal del juez remitir a la Fiscalía los hechos o personas posiblemente vinculados a delitos distintos a los juzgados.
Ahora, la Fiscalía General de la Nación deberá analizar los elementos probatorios enviados por el juzgado para determinar si existe mérito para abrir una investigación formal. Hasta el momento, la entidad investigadora no se ha pronunciado públicamente sobre las acciones que adoptará. La decisión reactiva un historial de señalamientos contra los hermanos Uribe Vélez, y observadores coinciden en que este es un paso lento pero significativo en la búsqueda de justicia por crímenes de lesa humanidad.
