Una fuerte polémica sacude el Concejo de Santa Marta tras una denuncia pública que ha encendido las alarmas sobre un contrato de más de $5.000 millones destinado a un programa de lectura rápida en instituciones educativas de la ciudad. El escándalo, que apunta a un presunto conflicto de interés y falta de transparencia, ha generado indignación y ha puesto en tela de juicio la gestión de los recursos públicos.
Un contrato bajo la lupa: Conflicto de interés y acusaciones directas
La controversia se originó a partir de las denuncias de dos concejales, Wiston Vargas y “El Mono” Martínez, quienes cuestionan la legalidad y el propósito real de un contrato por un valor de $5.669.289.291. El concejal Vargas, en su intervención, solicitó un control político para investigar el acuerdo, señalando la inusual rapidez de su ejecución, prevista para tan solo dos meses.
Pero la acusación más contundente vino de “El Mono” Martínez, quien no se anduvo con rodeos. “Ese dinero es para robárselo, soplárselo en dos meses”, afirmó el concejal, sugiriendo un desvío de recursos. La situación se agrava por el presunto vínculo familiar entre el presidente del Concejo, Pedro Gómez, y la institución educativa beneficiada, que estaría bajo la administración de su consuegro, lo que plantea un claro conflicto de interés.
Obstáculos a la transparencia
Las denuncias revelan un patrón preocupante en el funcionamiento del Concejo. El concejal Vargas denunció que la mayoría de sus colegas votaron en contra de su proposición para citar a la Secretaría de Educación y ejercer control político sobre el contrato. Esta negativa, según Vargas, se ha convertido en una práctica sistemática para “encubrir” en lugar de “vigilar” y ha prometido llevar el tema a la opinión pública.
Además de los bloqueos a los debates, el concejal Martínez expuso otra táctica: varios de sus compañeros abandonan el recinto para romper el quórum, evitando así discusiones incómodas sobre la gestión pública. Estas acciones, sumadas a la supuesta financiación de la Alcaldía a ciertos medios de comunicación para “lavar su imagen” y silenciar críticas, pintan un panorama sombrío para la transparencia en la ciudad.
Exigencia ciudadana y llamados a los entes de control
La reacción de la ciudadanía no se ha hecho esperar. A través de redes sociales, ciudadanos han exigido a la Procuraduría y la Contraloría General de la República que actúen con celeridad. Incluso se ha solicitado la intervención del presidente Gustavo Petro para que se garantice una mayor vigilancia sobre la contratación pública en la capital del Magdalena.
La situación resalta una vez más la frágil relación entre la política y la contratación en Santa Marta, donde los recursos destinados a la educación, vitales para el futuro de los jóvenes, podrían estar en riesgo de ser malversados. La pregunta que queda en el aire es: ¿Se esclarecerá el destino de estos $5.000 millones o se perderán en un laberinto de intereses?
