La Corte Constitucional ordenó la suspensión provisional del decreto que declaraba el Estado de Emergencia Económica en el país. La determinación, que surge tras una votación de seis votos contra dos en la Sala Plena, deja al Gobierno Nacional sin el soporte jurídico excepcional para emitir decretos con fuerza de ley de manera inmediata.
La Sala Plena respaldó la ponencia presentada por el magistrado Carlos Camargo, estableciendo que la medida se mantendrá vigente mientras el alto tribunal adelanta el control automático de constitucionalidad para emitir un fallo de fondo.
El choque de poderes: Argumentos en disputa
La decisión ha generado una reacción inmediata desde la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro y su equipo técnico habían advertido previamente que un freno judicial de esta magnitud derivaría en una “grave situación fiscal”.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, la suspensión es vista como una medida “improcedente” que contradice la propia jurisprudencia de la Corte. El Gobierno fundamentó su defensa en dos puntos clave:
- Precedentes Jurídicos: El Ministerio de Hacienda citó la Sentencia C-179 de 1994 y el Auto 272 de 2023, argumentando que suspender una declaratoria de emergencia configura una violación a la normativa suprema y desconoce el principio de “cosa juzgada”.
- Crisis de Estabilidad: El Gobierno sostiene que la emergencia es la herramienta legal necesaria para evitar la parálisis institucional y proteger el Estado Social de Derecho frente a factores externos que han agravado la situación financiera del país.
Consecuencias inmediatas
Con este fallo, el Gobierno pierde, de manera temporal, las facultades extraordinarias que le permitían legislar sin pasar por el Congreso para atender la crisis. Los puntos críticos de esta suspensión incluyen:
| Implicación | Descripción |
| Soporte Jurídico | El Estado de Excepción queda congelado; no se pueden emitir nuevos decretos bajo esta figura. |
| Impacto Fiscal | El Ministerio de Hacienda advierte sobre posibles riesgos en la ejecución de recursos y estabilidad social. |
| Incertidumbre | El país queda a la espera de una decisión definitiva (“de fondo”) por parte de la Corte. |
¿Qué sigue en este proceso?
La Corte Constitucional ahora deberá entrar a evaluar si las razones que motivaron el decreto de emergencia cumplen con los requisitos de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad. Mientras tanto, el pulso entre la autonomía judicial y la agenda económica del Ejecutivo se mantiene en su punto más alto.
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