La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al representante a la Cámara del Pacto Histórico, y actual candidato al Senado por esa colectivad, David Racero. La diligencia está programada para el próximo lunes 9 de marzo a las 8:30 a.m. y estará liderada por el magistrado César Augusto Reyes.
La investigación gira en torno al presunto uso irregular de los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Según las acusaciones, Racero habría destinado a funcionarios de nómina pública a apoyar un negocio familiar de frutas y verduras —conocido popularmente como ‘Fruver’— ubicado en el barrio Villa Luz, en Bogotá, actividades que no guardan ninguna relación con sus funciones como congresista.
A lo anterior se suma otra acusación de mayor gravedad económica: el congresista habría exigido a sus trabajadores de la UTL que consignaran una parte de sus salarios a su cuenta bancaria personal, práctica que configuraría, de probarse, una apropiación indebida de recursos del Estado destinados al apoyo legislativo.
El origen: mensajes de WhatsApp filtrados en 2024
El escándalo estalló en septiembre de 2024 cuando el periodista Daniel Coronell divulgó una serie de mensajes de WhatsApp que, según su análisis, mostrarían al propio Racero instruyendo a miembros de su UTL para que asumieran labores en el negocio privado y realizaran consignaciones de sus salarios a su cuenta personal. La revelación desató una tormenta política que derivó en acciones judiciales y solicitudes de pérdida de investidura.
Consejo de Estado negó la ‘muerte política’
En el marco de estos hechos, varios demandantes solicitaron ante el Consejo de Estado la pérdida de investidura de Racero, medida conocida coloquialmente como ‘muerte política’. Este mecanismo constitucional busca que un congresista pierda su curul antes de terminar su período cuando incurre en conductas que atentan contra la dignidad del cargo y el principio democrático representativo.
Sin embargo, el pasado 18 de febrero, el alto tribunal negó las solicitudes. En su auto, el Consejo de Estado determinó que las demandas fueron presentadas con manifiesta carencia de fundamento legal y que no se logró demostrar, libre de toda duda, la indebida destinación de dineros públicos: el tercer elemento requerido para configurar la causal de desinvestidura invocada.
Tras ese fallo, Racero ratificó su inocencia y señaló que el pronunciamiento del Consejo de Estado respaldaba su posición. No obstante, la decisión del tribunal administrativo no cierra la investigación penal que ahora conduce la Corte Suprema.
¿Qué es la pérdida de investidura y cuándo procede?
El artículo 183 de la Constitución Política de Colombia establece de forma taxativa las causales por las cuales un congresista puede perder su investidura:
- Indebida destinación de dineros públicos.
- Violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses.
- Inasistencia injustificada a seis reuniones plenarias en un mismo período de sesiones en las que se voten proyectos legislativos o mociones de censura.
- No tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la instalación de las cámaras o al llamado a posesionarse.
- Tráfico de influencias debidamente comprobado.
En el caso Racero, los demandantes invocaron la causal de indebida destinación de dineros públicos, al considerar que el uso de funcionarios de la UTL en actividades privadas constituía una desviación de recursos estatales. El Consejo de Estado reconoció que tal conducta podría encuadrar en esa causal de manera indirecta, pero concluyó que no existía prueba suficiente.
La investigación penal continúa su curso
La citación a indagatoria por parte de la Corte Suprema marca una etapa formal en el proceso penal que se adelanta en paralelo al proceso de pérdida de investidura ya cerrado. En la diligencia del 9 de marzo, Racero tendrá la oportunidad de ser escuchado por el magistrado Reyes y exponer su versión de los hechos ante la justicia ordinaria.
La indagatoria no implica una condena ni una acusación formal, pero sí representa el inicio de una fase crucial de la investigación. Los resultados de esta diligencia determinarán si la Sala Especial de Instrucción profundiza en el caso o archiva las actuaciones.
