La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra los empresarios Alfonso Dávila Abondano y Juan Carlos Dávila Abondano. La resolución, emitida el pasado 18 de julio de 2025, ratifica su responsabilidad como intervinientes en el delito de peculado por apropiación, agravado y tentado, en el marco del polémico programa Agro Ingreso Seguro (AIS).
Este fallo de la máxima instancia judicial culmina un largo proceso que desnudó las maniobras fraudulentas de los hermanos Dávila Abondano para beneficiarse de subsidios destinados a pequeños y medianos productores agrícolas. Se determinó que, valiéndose de contratos de arrendamiento ficticios y la fragmentación ilegal de su predio “Tequendama” en Aracataca, Magdalena, intentaron acceder a millonarios apoyos económicos del Estado, presentando dos proyectos independientes: “Finca Tequendama – El Salado I” y “Finca Tequendama – El Salado II”.
Un escándalo destapado por la prensa
La Corte Suprema enfatizó que el desistimiento de los Dávila Abondano a recibir los fondos no fue un acto voluntario, sino una consecuencia directa del escándalo mediático que estalló tras la publicación de una investigación periodística de la revista Cambio el 23 de septiembre de 2009. Este informe, titulado “Programa Agro Ingreso Seguro ha beneficiado a hijos de políticos y reinas de belleza”, expuso cómo influyentes familias, incluyendo los Dávila Abondano, estaban accediendo irregularmente a los beneficios del programa, demostrando el crucial papel de la prensa en la protección del erario público.
Puntos clave de la decisión judicial:
- Peculado por apropiación agravado y tentado: Los Dávila Abondano fueron condenados por este delito, aceptando un preacuerdo con la Fiscalía en febrero de 2018 que fijó una pena de 24 meses de prisión. Aunque inicialmente se les había impuesto una inhabilidad atemporal para ejercer funciones públicas, esta fue eliminada por el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia.
- Voluntariedad del desistimiento: La Corte desestimó el argumento de la defensa sobre un desistimiento voluntario, concluyendo que la renuncia a los subsidios fue forzada por la presión mediática y social. El alto tribunal consideró inadmisible pretender anular un preacuerdo suscrito de forma libre, consciente y voluntaria, y con asesoría legal.
- Doble puesta en peligro: La Sala Penal señaló que al presentar dos proyectos para un mismo predio, los procesados pusieron en peligro los recursos de la administración pública en dos ocasiones, lo que se traduce en dos delitos tentados y el agravante correspondiente por la cuantía de los recursos implicados.
- Plazo procesal y prescripción: La Corte confirmó que el proceso no había prescrito, ya que la decisión definitiva fue tomada dentro de los términos legales, específicamente el 18 de julio de 2025, antes del vencimiento del plazo del 24 de julio de 2025.
Este caso se suma a las condenas ya proferidas contra otros implicados en el escándalo de Agro Ingreso Seguro, incluyendo al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y el exviceministro Juan Camilo Salazar. La ratificación de la condena contra los hermanos Dávila Abondano envía un claro mensaje sobre la intolerancia judicial frente a los intentos de defraudar los programas destinados a apoyar a los sectores más vulnerables del campo colombiano.
