El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dado marcha atrás en una de las acusaciones centrales que sostuvo la administración Trump contra el ahora capturado Nicolás Maduro. Según The New York Times, documentos judiciales recientemente modificados, el gobierno estadounidense ha dejado de definir al “Cártel de los Soles” como una organización criminal estructurada, admitiendo implícitamente que el término describe, en realidad, un sistema de patrocinio y corrupción dentro de las fuerzas armadas venezolanas.
Esta rectificación surge tras la publicación de una acusación reformulada (indictment) presentada el pasado sábado, poco después de la captura de Maduro. El cambio de postura pone en entredicho la estrategia de presión política utilizada durante el último año, que incluyó la designación de este “cártel” como una organización terrorista extranjera.
De “Cartel” a “cultura de corrupción”
El análisis comparativo de los documentos judiciales revela una transformación drástica en la narrativa de la fiscalía:
- Frecuencia del término: Mientras que la acusación original de 2020 mencionaba al “Cártel de los Soles” en 32 ocasiones y posicionaba a Maduro como su líder máximo, el nuevo documento solo lo menciona dos veces.
- Definición técnica: Los fiscales ahora describen el término como un “sistema de patrocinio” y una “cultura de corrupción” alimentada por el dinero del narcotráfico. Se reconoce que el nombre es una referencia jerga a la insignia del sol que portan los oficiales de alto rango en sus uniformes.
- Realidad vs. Retórica: Expertos en seguridad latinoamericana han señalado durante años que el Cártel de los Soles fue un invento de los medios venezolanos en la década de los 90 para describir la complicidad militar en el tráfico de drogas, pero que carece de la estructura jerárquica de grupos como el Cártel de Sinaloa.
Desconexión en la Casa Blanca
A pesar de la rectificación del Departamento de Justicia, la narrativa dentro del gabinete del presidente Trump parece mantenerse inamovible. Marco Rubio, actual secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, continuó refiriéndose al grupo como una organización transnacional activa en una entrevista reciente en Meet the Press.
“Seguiremos reservándonos el derecho de atacar embarcaciones que traigan drogas… operadas por organizaciones criminales transnacionales, incluido el Cártel de los Soles”, afirmó Rubio, insistiendo en que Maduro es el líder de dicha entidad.
Esta discrepancia subraya una tensión entre la evidencia necesaria para ganar un caso en los tribunales —donde la fiscalía admitió que no podía probar la existencia del cártel como ente físico— y las designaciones políticas, que no requieren el mismo nivel de prueba judicial.
Críticas a la nueva acusación: El Tren de Aragua
Aunque los expertos elogiaron la corrección sobre los militares venezolanos, el nuevo pliego de cargos ha levantado nuevas dudas al incluir al líder de la banda criminal Tren de Aragua como presunto co-conspirador de Maduro.
Según analistas de InSight Crime, la conexión presentada por la fiscalía es “débil”. El documento se basa en llamadas telefónicas de 2019 donde el líder de la banda ofrecía servicios de escolta, pero no hay evidencia de que la banda sea propietaria de cargamentos de cocaína o trabaje directamente bajo las órdenes del palacio de Miraflores. Para muchos, esta inclusión parece responder más a la retórica política de la administración Trump que a una realidad operativa sobre el terreno.
Un legado judicial bajo la lupa
La redacción de la acusación original de 2020 estuvo a cargo de Emil Bove III, una figura clave que dirigió el Departamento de Justicia en los primeros meses del segundo mandato de Trump antes de ser nombrado juez federal de apelaciones. El retroceso actual sugiere que los fiscales que ahora manejan el caso de Maduro en el Distrito Sur de Nueva York buscan un terreno legal más sólido y realista para enfrentar el juicio del siglo.
Este cambio de rumbo no solo afecta el proceso legal contra Nicolás Maduro, sino que debilita la legitimidad de las sanciones y designaciones terroristas impuestas por el Departamento del Tesoro y el de Estado, que se basaron en una premisa que la propia justicia estadounidense ahora califica como un “sistema de patrocinio” y no como una organización terrorista formal.
