Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas sobre la profunda crisis estructural que atraviesa el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de Colombia. Con corte al 31 de diciembre de 2024, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) arrastran pasivos acumulados que ascienden a la alarmante cifra de $32.9 billones de pesos, evidenciando una insostenibilidad financiera que pone en riesgo la atención de la salud para el 89% de los colombianos.
El informe, presentado por el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, subraya que esta situación va más allá de las cifras; se trata de “camas, tratamientos, diagnósticos y vidas que están en riesgo si no se toman decisiones estructurales y urgentes”.
Puntos críticos que desnudan la crisis:
- Insolvencia Financiera Generalizada: De las 29 EPS activas en el país, solo seis cumplen con los tres indicadores de habilitación financiera establecidos (capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas). Sin embargo, estas seis entidades apenas cubren el 10.92% de la población afiliada. El 89.08% restante de los afiliados, equivalente a casi 44 millones de colombianos, se encuentra en EPS que incumplen uno o más de estos requisitos esenciales. En detalle, 15 EPS no cumplen con el capital mínimo, 14 incumplen el patrimonio adecuado, y 22 no invierten sus reservas técnicas como exige la norma.
- Problemas de Liquidez y Riesgo en la Atención: Dieciséis EPS presentan graves problemas de liquidez, limitando su capacidad para cumplir con sus obligaciones inmediatas y, por ende, para garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud para sus 33.8 millones de afiliados. De la deuda total de $32.9 billones, $24.4 billones corresponden a las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), lo que genera un alto riesgo para la continuidad de la atención médica.
- Desgaste del Modelo de Aseguramiento: Desde la implementación de la Ley 100 de 1993, de las 157 EPS autorizadas inicialmente, hoy solo operan 29. Las constantes liquidaciones han sobrecargado a las EPS restantes, obligándolas a asumir afiliados sin la capacidad operativa o financiera suficiente, lo que profundiza la crisis.
- Deudas con Operadores Farmacéuticos y Acceso a Medicamentos: Las EPS adeudan $2.8 billones a operadores farmacéuticos. Esta situación, a pesar de que el 90% de la facturación de 2024 (equivalente a $13.3 billones de $14.7 billones) fue pagada, ha impactado directamente la entrega oportuna de medicamentos y se ha convertido en la principal causa de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR). La Nueva EPS y Sanitas EPS, en conjunto, adeudan más de $2 billones a estos operadores.
- Alarmante Situación de la Nueva EPS: Con más de 11.5 millones de afiliados, la Nueva EPS no ha presentado estados financieros certificados desde 2023 y registra patrimonio negativo. Su intervención no ha logrado resolver las deficiencias, representando un grave riesgo para la atención de salud a nivel nacional. Esta EPS concentra el 22% de las quejas y reclamos presentados en el sector.
- Gasto Administrativo Desregulado: A pesar de que la ley establece límites para el gasto administrativo (8% para el régimen subsidiado y 10% para el contributivo), 27 EPS reportaron gastos entre el 4% y el 8%. La Contraloría advierte sobre la ausencia de una reglamentación clara y de lineamientos técnicos por parte del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud para el cálculo y control de este gasto, lo que dificulta la vigilancia y gestión eficiente de los recursos.
- Aumento Exponencial de PQR y Tutelas: Las PQR aumentaron un 23.2% en 2024, pasando de 1.3 millones en 2023 a más de 1.6 millones. El 91% de estas quejas se relaciona con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud. Adicionalmente, se presentaron 175,025 tutelas en 2024 por servicios incluidos en el Plan de Beneficios, un aumento del 35% respecto al año anterior, evidenciando las fallas estructurales para satisfacer las necesidades de los afiliados.
- Utilidades Reinvertidas: EPS como Sura, Emssanar, y Aliansalud reportaron utilidades operativas y netas por $198.745 millones, las cuales, según certificaciones, fueron reinvertidas en reservas legales y para cubrir pérdidas acumuladas.
La Contraloría ha reiterado que el control fiscal continuará con firmeza, exigiendo transparencia en el uso de los recursos públicos y contribuyendo con información verificable al debate nacional sobre la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia. La situación actual exige medidas de fondo y urgentes para garantizar el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos.
