Una grave crisis diplomática y de soberanía se ha desatado en el Caribe colombiano tras la denuncia categórica del presidente Gustavo Petro de que un bombardeo perpetrado por fuerzas de Estados Unidos en septiembre pasado no solo violó las aguas territoriales de Colombia, sino que resultó en el “asesinato” de un pescador civil, identificado como Alejandro Carranza.
El mandatario colombiano ha exigido una explicación inmediata al Gobierno de EE. UU., mientras la Fiscalía General de la Nación es urgida a actuar de inmediato para investigar el incidente y proteger a los familiares de la víctima.
Un pescador a la Deriva
La controversia se centra en el ataque a una embarcación en el Caribe a mediados de septiembre. Si bien el presidente de EE. UU.,Donald Trump, confirmó un bombardeo el 15 de septiembre contra lo que calificó de “narcoterroristas venezolanos” en aguas internacionales, según reportes de RTVC Noticias y testimonios de pescadores y familiares, ofrece un giro dramático y opuesto:
- Víctima Civil: El fallecido sería Alejandro Carranza, un humilde pescador de Santa Marta, cuya actividad diaria era la pesca y que, según su familia, no tenía “vínculos con el narco”.
- Embarcación en Emergencia: La lancha atacada, que era colombiana, “estaba a la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba”, un protocolo estándar de auxilio en el mar.
- Violación de Soberanía: La denuncia más grave es la ubicación. Familiares y expertos, basándose en el tiempo transcurrido desde que Carranza zarpó el 14 de septiembre, calculan que la embarcación no pudo haber llegado a aguas internacionales para el momento del ataque el 15 de septiembre, sugiriendo con vehemencia que el bombardeo se produjo en aguas jurisdiccionales colombianas.
Petro: “EE.UU. ha violado nuestra soberanía marítima y ha cometido un asesinato”
El presidente Petro utilizó su cuenta en la red social X para denunciar el hecho, calificándolo de “un asesinato” y una “violación de nuestra soberanía en aguas territoriales”.
Petro no solo demandó explicaciones a Washington, sino que solicitó a la Fiscalía colombiana iniciar acciones judiciales de inmediato, ofreciendo asociar el caso con las víctimas de un presunto bombardeo similar ocurrido con ciudadanos de Trinidad y Tobago, para buscar justicia en el mundo y en la propia justicia de los Estados Unidos.
“Funcionarios del Gobierno de EE. UU. han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar,” escribió Petro, subrayando la inocencia de la víctima.
El terror se extiende en el Caribe
La noticia ha tenido un impacto inmediato y desolador en la comunidad pesquera del Caribe. Pescadores de Santa Marta y La Guajira han manifestado un “miedo” generalizado a salir a faenar, temiendo ser confundidos y bombardeados.
Expertos han calificado el hecho, de confirmarse, como un “exabrupto” legal que iría en contra del derecho internacional y la Convención del Mar de 1982. Además, han señalado que, si se comprueba el ataque en aguas nacionales contra pescadores inocentes, Colombia tendría material para llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) e incluso a la Corte Penal Internacional (CPI).
Mientras se espera la respuesta de Washington, este incidente escala las tensiones regionales, poniendo el foco en las operaciones militares que EE. UU. ha desplegado en el Caribe, a menudo justificadas, según sus comunicados, en la lucha contra el narcotráfico en la zona de responsabilidad del Comando Sur. La tragedia de Alejandro Carranza subraya la vulnerabilidad de los civiles en medio de estos operativos, y plantea interrogantes profundos sobre el respeto a la soberanía nacional en la zona.
