El gobierno federal de Estados Unidos ha entrado en una nueva parálisis presupuestaria o “shutdown” tras el fracaso de las negociaciones en el Congreso, un estancamiento que enfrenta a la administración del presidente Donald Trump con la oposición demócrata y que ha forzado el cierre de una parte de la administración.
Este es el cuarto cierre que afronta Trump como presidente, y el primero desde la histórica paralización de 35 días que tuvo lugar entre fines de 2018 y principios de 2019. La falta de acuerdo, que se concretó a la medianoche de este miércoles (hora local), ha dejado a cientos de miles de empleados federales en la incertidumbre y amenaza con perturbar servicios esenciales y no esenciales.
La dimensión del impacto
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que unos 750.000 funcionarios federales podrían ser afectados, entrando en situación de desempleo parcial con una pérdida de ingresos equivalente a $400 millones de dólares.
Aunque servicios considerados esenciales como las fuerzas de seguridad, el ejército, los aeropuertos y la seguridad social seguirán operando, el personal en estas áreas no cobrará sus sueldos hasta que se apruebe un nuevo presupuesto, momento en que se les pagará de forma retroactiva. Los servicios no esenciales, como los de la NASA, parques nacionales y algunos departamentos, han sido suspendidos. El cierre también podría afectar el tráfico aéreo y la publicación de datos económicos clave, incluyendo el esperado informe de empleo del viernes.
Analistas de la aseguradora Nationwide han calculado que cada semana de cierre podría reducir el crecimiento del PIB de EE. UU. en 0,2 puntos porcentuales.
El “punto muerto” de la sanidad y las acusaciones cruzadas
El epicentro de la disputa se encuentra en la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), conocida popularmente como Obamacare.
Los republicanos propusieron extender la financiación actual hasta finales de noviembre para dar tiempo a negociar un plan a largo plazo. No obstante, los demócratas bloquearon esta iniciativa, insistiendo en la necesidad de restituir cientos de miles de millones de dólares en gastos de atención médica y renovar subsidios del programa Obamacare que están próximos a expirar. Los demócratas afirman que el objetivo de los republicanos es debilitar la atención médica.
El cruce de acusaciones no se hizo esperar:
- Donald Trump y la Casa Blanca responsabilizaron a los demócratas, con mensajes en redes sociales que afirmaban que “los demócratas cerraron los servicios del Estado”. Trump incluso amenazó con tomar acciones “irreversibles” durante el cierre, como despedir masivamente a personas o “cortar cosas que a ellos les gustan”.
- Líderes demócratas, como Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, respondieron conjuntamente que “Donald Trump y los republicanos cerraron los servicios del Estado porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense“.
A pesar de tener mayoría, el partido de Trump no alcanzó los 60 votos necesarios en el Senado para aprobar sus propuestas presupuestarias, lo que llevó al director de la Oficina de Presupuesto, Russell Vought, a ordenar a las administraciones federales la “ejecución de sus planes para un cierre ordenado”.
Preocupación por despidos permanentes y el futuro
Una de las mayores preocupaciones es la amenaza de la administración Trump de despedir permanentemente a empleados si el cierre se prolonga, un giro respecto al modelo histórico de licencias temporales.
Esta iniciativa, que se sumaría a los despidos ya iniciados por la iniciativa DOGE del exasesor Elon Musk, intensifica la ansiedad del personal federal. La duración del “shutdown” es incierta, con ambas partes manteniéndose firmes en sus posturas y con elecciones legislativas de mitad de mandato en el horizonte de 2026.
El panorama es tenso: el líder republicano en el Senado, John Thune, sugirió que el gobierno podría reabrir “mañana si suficientes demócratas rompen filas”, mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, culpó a los demócratas y advirtió que el cierre le da a la Casa Blanca “autoridad unilateral para tomar decisiones permanentes” sobre los programas que se eliminan.
