La reciente presidencia de Efraín Cepeda en el Senado de la República, un período marcado por la confrontación política con el Gobierno Nacional, ha quedado bajo el escrutinio público tras revelarse un entramado de contratos por más de $302.000 millones. De esta abultada cifra, al menos $524 millones fueron a parar a manos de figuras políticas cercanas al líder conservador, desatando una ola de críticas y cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos.
Durante su mandato, Cepeda lideró la Cámara Alta en medio de álgidas discusiones sobre reformas cruciales para el país y un sonado pulso con el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, detrás de la cortina del debate legislativo, se gestaba un carrusel de 2.211 contratos, suscritos en tan solo un año, que beneficiaron a una red de aliados políticos, principalmente de la región Caribe.
Una red de aliados bien conectados
A pesar de que Cepeda ha defendido su gestión argumentando la defensa de la democracia y la separación de poderes, los datos revelan una realidad distinta. Aunque la Dirección Administrativa del Senado, a cargo de Astrid Salamanca, es la responsable final de las decisiones contractuales, la influencia política de Cepeda parece haber sido determinante en la distribución de estos recursos.
Entre los nombres que resuenan con más fuerza en esta lista de beneficiarios se encuentran:
- Anatolio Santos Olaya: Exsecretario de Desarrollo Económico del Atlántico, cercano a Eduardo Verano de la Rosa y a la influyente Casa Char, obtuvo dos contratos que sumaron $119,5 millones por “prestar servicios” a la Presidencia del Senado.
- Betty del Socorro Echavarría: Veterana militante conservadora y aliada del exsenador Roberto Gerlein, recibió contratos por un total de $63 millones por “servicios” a la misma entidad.
- Camilo Andrés Lacouture Ackerman: Exdiputado del Cesar, con un arraigado linaje conservador, se le asignó un contrato por $74,5 millones.
La lista se extiende a exalcaldes, expersoneros y exsecretarios del Caribe colombiano, todos con un denominador común: su cercanía política con Efraín Cepeda, quien ostenta más de tres décadas en la vida pública.
El cuestionado caso de Emilio Otero y los millonarios contratos con Telecaribe
El escándalo se agudiza con la aparición de figuras como Emilio Otero, exsecretario del Senado, quien recibió $37,5 millones por “asesorías” en reglamento interno, a pesar de estar vinculado por la Fiscalía a negocios con alias “Maracuyá”, un supuesto capo con nexos paramilitares y narcotraficantes. La persistencia de su contratación, a pesar de estos antecedentes, genera serias dudas.
Además, resalta la serie de cinco contratos por un total de más de $20.000 millones otorgados a Telecaribe, el canal regional, para la producción de contenidos audiovisuales del Canal del Congreso. Este negocio, descrito como “redondo” por algunos, ha levantado sospechas sobre posibles favorecimientos durante el período de la presidencia de Cepeda.
Respuestas insuficientes y críticas crecientes
Frente a las revelaciones, el equipo de Efraín Cepeda ha rechazado la existencia de irregularidades, afirmando que “no hay irregularidades ni en los contratos ni en el hecho de que un congresista contrate a personas de su grupo político”. Sin embargo, estas escuetas declaraciones no han logrado acallar las voces que demandan transparencia y una explicación clara sobre el manejo de estos fondos. La situación cobra aún más relevancia en el contexto de las acusaciones del presidente Petro, quien señaló a Cepeda de buscar un “golpe blando” y de obstaculizar su agenda progresista. Mientras el líder conservador deja la presidencia del Senado, la sombra de estos millonarios contratos y su distribución selectiva persiste, avivando el debate sobre la ética en la política colombiana y el uso de los recursos públicos. La ciudadanía espera respuestas contundentes ante un panorama que, para muchos, es una clara muestra de la persistente “mermelada” política en el país.
