Escándalos de corrupción y compra de votos marcan el legado político del uribismo

Escándalos de corrupción y compra de votos marcan el legado político del uribismo

Mientras el Centro Democrático y figuras cercanas a Álvaro Uribe continúan posicionándose en la escena política colombiana, un sombrío historial de casos de corrupción, compra de votos y pactos ilícitos resurge para cuestionar la legitimidad de sus triunfos electorales. Desde la reelección presidencial de Uribe en 2006 hasta la elección de Iván Duque en 2018, una cadena de escándalos revela una estrategia sistemática de manipulación del voto, financiación oscura y abandono de cómplices menores, según documentos judiciales y testimonios públicos.

La “Yidis-política”: El precedente que marcó un antes y un después

El caso que sentó un precedente en la política colombiana fue la llamada Yidis-política, vinculada a la reelección de Álvaro Uribe en 2006. La Sala Penal de la Corte Suprema condenó a 80 meses de prisión a los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt, y a 60 meses al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Alberto Velásquez Echeverri, por cohecho. La excongresista Yidis Medina, clave para aprobar la reforma constitucional que permitió la reelección, fue condenada a 48 meses por soborno, aunque su testimonio reveló que recibió promesas de cargos públicos a cambio de su voto.

A diferencia de sus colaboradores, Uribe, hoy condenado en libertad por manipulación de testigos en otro caso, sigue activo en campaña política, mientras sus antiguos aliados languidecen en prisión o han perdido toda credibilidad.

La “Ñeñe-política”: Narcotráfico y pactos traicioneros en las elecciones de Duque

En 2018, las elecciones presidenciales que llevaron a Iván Duque al poder se vieron opacadas por la Ñeñe-política, un entramado que involucró a narcotraficantes y caciques regionales. Grabaciones judiciales filtradas por La Nueva Prensa muestran cómo “Ñeñe Hernández”, capo asesinado en 2020, coordinó con políticos la entrega de “paquetes” de dinero para garantizar votos en departamentos clave.

En una conversación, una mujer identificada como Daza (hoy en el exilio) reveló que recibió órdenes directas de Uribe y Duque para operar en La Guajira: “Me mandó Iván y Uribe para Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao, tenemos que ganar en La Guajira”. Además, el Clan Gnecco, vinculado al escándalo, prometió apoyo electoral a Duque tras traicionar a Germán Vargas Lleras, según audios donde José Alfredo Gnecco habla directamente con Uribe sobre “coaval” para asegurar votos.

Mientras Cielo Gnecco, matriarca del clan, es prófuga, su hijo Luis Alberto Monsalvo enfrenta cargos por desvío de $3.172 millones del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Fraudes electorales: De Cabal a Londoño, el modus operandi repetido

El patrón de compra de votos se repite en múltiples casos. María Fernanda Cabal, hoy senadora del Centro Democrático, fue señalada en 2018 por presionar a docentes de Bogotá para que votaran por ella, bajo amenaza de perder sus contratos. Dos funcionarios del Distrito fueron condenados, pero Cabal mantiene su curul y sueldo millonario.

Por su parte, Gustavo Londoño, recientemente condenado por la Corte Suprema, ofreció títulos falsos de bachillerato a adultos en Vichada a cambio de su voto en las elecciones legislativas de 2018. Mientras, Aida Merlano, excongresista inhabilitada y condenada a 15 años de prisión, reveló cómo operó con la familia Char para comprar votos en la Costa Caribe con $2.411 millones en efectivo, repartidos en 871 actas falsas. Hoy, Merlano es una “paria” política, mientras sus antiguos aliados siguen en el poder.

Un sistema enraizado: ¿Justicia selectiva o impunidad estructural?

Lo que une estos casos es la dinámica de “usar y descartar”: operadores menores como Yidis Medina, Aida Merlano o Julián Gutiérrez (condenado por el fraude de Cabal) pagan con su libertad, mientras líderes como Uribe o Duque permanecen intocables. La Fiscalía, además, ha sido criticada por no profundizar en investigaciones clave, como el presunto financiamiento del narcotráfico en la campaña de Duque.

“La derecha uribista ha normalizado la corrupción electoral como herramienta de poder”, señala la politóloga Ana María Romero. “Lo grave no es un caso aislado, sino que, tras 30 años de hegemonía, estos escándalos son la regla, no la excepción”.

Un legado que persiste

Mientras el uribismo busca recuperar el control del país en las próximas elecciones, estos casos resaltan una paradoja: quienes construyeron su éxito con prácticas ilegales hoy disfrutan de impunidad, mientras sus cómplices son abandonados. Con el Clan Gnecco, la Ñeñe-política y los fraudes de Cabal y Londoño, Colombia enfrenta no solo un problema de corrupción puntual, sino un sistema político que, según críticos, sigue priorizando el poder sobre la ética.

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *