Una denuncia por presunta agresión contra su esposa pone en el centro del debate la permanencia en el cargo de un arquitecto de la Subdirección de Infraestructura en Salud
Nelson David Hernández Pinto, arquitecto vinculado a la Subdirección de Infraestructura en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, se encuentra en el ojo del huracán tras conocerse señalamientos sobre presuntos actos de violencia contra su esposa, hechos que ya habrían sido puestos en conocimiento de las autoridades competentes.
La situación adquiere particular gravedad considerando que Hernández Pinto ha ejercido desde su posición una labor de señalamiento y descalificación hacia alcaldes, contratistas y proyectos del sector salud, actuando como un presunto referente de control y transparencia, mientras ahora enfrenta acusaciones que contradicen radicalmente esa imagen.
Incompatibilidad ética con el servicio público
Organizaciones y voces críticas han señalado que la violencia contra las mujeres constituye una violación grave de derechos humanos y una clara expresión de abuso de poder, condiciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Según se ha planteado, quien es señalado de ejercer agresión en su entorno íntimo carece de la idoneidad ética y moral necesaria para ocupar posiciones de autoridad en el Estado.
La controversia se agudiza al tratarse de un funcionario que ha desarrollado su labor bajo un gobierno que se define como progresista y comprometido con la defensa de las mujeres y el rechazo a la violencia machista. Esta contradicción ha generado llamados a una evaluación urgente de su permanencia en el cargo.
Exigencia de investigación y coherencia institucional
Diversos sectores han solicitado que se investigue a fondo la situación que rodea a Hernández Pinto y que se adopten las medidas correspondientes. El argumento central es que el Estado colombiano no puede enviar un mensaje de tolerancia frente a la violencia de género, especialmente cuando proviene de quienes ejercen poder institucional.
La demanda es clara: que exista coherencia entre el discurso político de transformación social y las actuaciones concretas frente a casos que involucran a funcionarios públicos. Para los críticos, ningún proyecto de cambio puede ser genuino si permite que personas señaladas por conductas violentas utilicen sus cargos para perseguir o desacreditar a otros.
El caso de Nelson David Hernández Pinto plantea, en definitiva, un dilema sobre los límites éticos del servicio público y la necesidad de garantizar que quienes ejercen funciones estatales estén a la altura de los principios que el Estado dice defender.
