En un movimiento que busca responder al clamor ciudadano por la equidad salarial y ajustar las cuentas fiscales del país, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha preparado un decreto legislativo que marca el principio del fin para uno de los beneficios más polémicos del sector público: la prima especial de servicios de los congresistas.
El documento, que se encuentra en fase de borrador y al que se ha tenido acceso de manera oficial, establece la derogación del Decreto 2170 de 2013. Dicha norma, expedida durante la administración de Juan Manuel Santos, fue diseñada en su momento para sustituir las antiguas primas de salud, localización y vivienda, luego de que estas fueran cuestionadas por el Consejo de Estado.
Un sueldo “desproporcionado” frente a la realidad nacional
El sustento jurídico y social del nuevo decreto es contundente. El texto argumenta que la remuneración actual de los parlamentarios es “desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población”. Según el Gobierno, esta disparidad económica impide el cumplimiento de las metas de cierre de brechas sociales trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Actualmente, esta prima especial representa un ingreso mensual de $16.914.540 para cada senador y representante a la Cámara. Al sumarse a la asignación básica y los gastos de representación, el salario de un congresista se sitúa en una esfera muy alejada de la realidad del trabajador promedio, un hecho que el Ejecutivo califica como una distorsión que debe ser corregida mediante medidas de austeridad inmediatas.
¿A quiénes afectará la medida?
Para evitar vulnerar derechos adquiridos y garantizar la seguridad jurídica, el decreto establece que la eliminación de la prima no será retroactiva. Es decir, los actuales congresistas seguirán percibiendo el beneficio hasta el final de su periodo.
La medida entrará en pleno vigor para:
- Nuevos parlamentarios: Aquellos que resulten elegidos en marzo de 2026.
- Fecha de aplicación: A partir del 20 de julio de 2026, día en que se posesionará la nueva legislatura.
Artículo 2º del borrador: “No se reconocerá ni pagará a los Congresistas la prima creada mediante el Decreto 2170 de 2013 ni cualquier otro beneficio salarial o prestacional que tenga origen en dicha disposición”.
El impacto económico y la reacción en el Capitolio
La eliminación de este rubro supondría un ahorro significativo para las arcas del Estado, estimándose una reducción de entre 11 y 16 millones de pesos en la asignación mensual de cada curul a partir de la fecha estipulada.
Sin embargo, la noticia ya genera tensiones en los pasillos del Capitolio. Algunos legisladores han manifestado su preocupación, argumentando que, tras los descuentos de ley y retenciones (que pueden ascender a los 20 millones de pesos mensuales), sus ingresos netos se verían seriamente afectados.
Pese a las posibles resistencias, el Gobierno se ampara en la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia C-608/99), la cual señala que el Ejecutivo tiene la facultad discrecional de contemplar o no estas prestaciones según las circunstancias económicas del país lo justifiquen.
Con este decreto, el Ejecutivo busca enviar un mensaje de coherencia fiscal en un momento de incertidumbre económica, apostando por una “senda de gasto” más responsable y conectada con las necesidades de la base popular.
