La Fiscalía General de la Nación inició una indagación preliminar contra el excanciller Álvaro Leyva Durán, por su presunta participación en un complot para desestabilizar el gobierno del presidente Gustavo Petro. La investigación, asignada a un fiscal especializado en corrupción, se basa en denuncias presentadas por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el abogado del mandatario, Alejandro Carranza, quienes lo acusan de conspirar con estructuras criminales para orquestar un golpe de Estado.
Las acusaciones y evidencias
Según las denuncias, Leyva —quien se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Petro hasta su abrupta salida— habría mantenido reuniones con sectores de oposición y grupos armados ilegales, como el ELN y el Clan del Golfo, para fraguar un plan que retirara al presidente del poder. Las pruebas incluyen audios y cartas en las que Leyva cuestiona la salud mental de Petro, sugiriendo supuestos problemas de drogadicción, y propone un “acuerdo nacional” con actores armados para generar un “cambio de régimen”.
En uno de los audios revelados por el diario español El País, Leyva afirma: “Hay que sacar a ese tipo (Petro). Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar ELN, los del Clan del Golfo… Yo he hablado con los gremios más importantes”. El presidente Petro calificó las acciones de Leyva como “no el plan de un loco”, destacando su vinculación con grupos criminales.
El proceso legal
La Fiscalía designó a un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción para adelantar los “actos urgentes”, entre ellos la recolección de grabaciones, mensajes y testimonios. La investigación busca determinar si Leyva incurrió en el delito de menoscabo a la integridad nacional, tipificado como una conducta que atenta contra la estabilidad institucional.
Alejandro Carranza, abogado de Petro, argumentó que el caso no se limita a discursos políticos, sino a una “conspiración blanda” que busca romper el orden constitucional: “Se usaron cartas y audios para generar una crisis que justifique un cambio abrupto”, señaló.
Contexto político y repercusiones
El caso reaviva el debate sobre la polarización y la influencia de élites en Colombia. Leyva, un político con más de cuatro décadas en el escenario público, pasó de ser aliado a crítico feroz de Petro tras su salida del gabinete en 2022. Su eventual responsabilidad podría afectar la gobernabilidad, especialmente en un contexto de tensiones por la implementación de la agenda de cambio radical del presidente.
Lo que sigue
La Fiscalía citará a Quintero y Carranza para ampliar sus declaraciones, mientras analiza si las pruebas respaldan una investigación formal. Expertos en derecho penal advierten que, de comprobarse la conspiración, Leyva enfrentaría cargos graves, incluidos delitos contra la seguridad del Estado.
Mientras tanto, el caso sigue generando divisiones: para el oficialismo, es una muestra de los “intentos de las élites por sabotear el cambio”; para sectores opositores, se trata de una “cortina de humo” para distraer la atención de los problemas del gobierno.
