Tras la anulación de la elección del gobernador Rafael Martínez por parte del Consejo de Estado, el exgobernador Carlos Caicedo, en representación del movimiento Fuerza Ciudadana, ha enviado una terna al presidente Gustavo Petro para la elección de una gobernadora encargada, una decisión que enfrenta serias dudas jurídicas.
La terna, compuesta por tres mujeres que han ocupado cargos de confianza en la administración de Martínez, busca mantener la continuidad del programa de gobierno elegido en las urnas. Sin embargo, la pérdida de la personería jurídica de Fuerza Ciudadana en marzo de este año ha puesto en entredicho la validez de la postulación, generando un pulso institucional entre la voluntad popular y la interpretación legal del Estado.
Las candidatas: experiencia y continuidad
La terna está encabezada por Ingris Padilla, actual gobernadora encargada y exsecretaria del Interior. Con un perfil de administradora de empresas y maestría en educación, su nombramiento, según Caicedo, busca garantizar la ejecución de los proyectos estratégicos de la administración saliente.
Le sigue Denis Rangel Lozano, economista con amplia experiencia en la administración pública. Rangel ya fue gobernadora encargada tras la renuncia de Caicedo, lo que la convierte en una figura con un profundo conocimiento de la gestión fiscal y el desarrollo regional.
Finalmente, la terna incluye a Jenny Camacho Neutro, exjefa de la Oficina de Contratación de la gobernación. Si bien su experiencia en la supervisión de procesos contractuales es destacable, su gestión ha sido objeto de investigación por parte de la Procuraduría por presuntas irregularidades en el Plan de Alimentación Escolar de 2023.
El nudo jurídico: ¿Terna o funcionario del gobierno?
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha sido claro en señalar que la situación jurídica de Fuerza Ciudadana genera “dudas” sobre si corresponde aceptar la terna o si el gobierno nacional debe nombrar a un funcionario propio. La clave del asunto radica en un concepto que se espera del Consejo de Estado, que deberá dirimir si la pérdida de la personería jurídica le resta a Fuerza Ciudadana la potestad de postular candidatos para el cargo.
Carlos Caicedo, por su parte, ha defendido la legalidad de su terna, argumentando que la jurisprudencia electoral y constitucional permite a los movimientos políticos seguir existiendo, incluso sin personería jurídica, como una expresión del derecho fundamental de participación política. Caicedo ha anunciado una “asamblea permanente” para movilizar a sus bases y defender la legitimidad de su movimiento.
Lo que viene: elecciones atípicas en el horizonte
Más allá de la designación del gobernador(a) encargado(a), el proceso desembocará en la convocatoria de elecciones atípicas. Dado que faltan más de 18 meses para la finalización del período, la Registraduría Nacional deberá fijar una fecha para que los magdalenenses elijan a su nuevo mandatario departamental, quien cumplirá sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2027. Mientras tanto, el futuro inmediato del Magdalena pende de un hilo jurídico y político, en un pulso que determinará quién tendrá la responsabilidad de dirigir el departamento en un momento de gran incertidumbre. La decisión final, en manos del presidente Gustavo Petro y del Consejo de Estado, sentará un precedente importante para el panorama político regional y nacional.
