El presidente Gustavo Petro encendió las alarmas este viernes al denunciar públicamente que las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP) habrían sacado más de 2.400 millones de dólares del país en un lapso de apenas dos meses, sin autorización de los trabajadores afiliados. El mandatario calificó el hecho como una “verdadera fuga de capitales” y exigió a la Superintendencia Financiera abrir una investigación inmediata y aplicar las sanciones correspondientes.
El nudo jurídico: un patrimonio que no les pertenece
El eje del debate no es solo económico. Los recursos que administran fondos como Porvenir, Protección, Colfondos y Old Mutual son considerados patrimonio autónomo de los afiliados. Las AFP los gestionan por mandato legal, pero no son sus propietarias. Esta distinción impone deberes fiduciarios estrictos sobre cada decisión de inversión: la obligación de actuar siempre en beneficio de los trabajadores, no de la entidad gestora.
Si se confirma que los movimientos al exterior se ejecutaron de forma abrupta o superando los límites establecidos por el Decreto 2555 de 2010, podrían configurarse infracciones administrativas. Además, tanto el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero como la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera exigen el reporte oportuno de operaciones relevantes, por lo que la omisión de dicho reporte sería, por sí sola, causal de sanción. La Ley 964 de 2005 faculta a la SFC a actuar frente a conductas que afecten la estabilidad del mercado o los derechos de los afiliados.
El contexto: la reforma pensional y el éxodo a Colpensiones
La denuncia llega en un momento especialmente sensible. La Ley 2381 de 2024 —la reforma pensional— obliga a los trabajadores que ganan hasta 2,3 salarios mínimos a cotizar en Colpensiones, lo que ha generado un proceso masivo de traslados desde el sistema privado al público. Como consecuencia, las AFP deben devolver los saldos acumulados a quienes se trasladan.
Petro vinculó directamente ambos hechos: “Es por esto que no le devuelven el ahorro a sus propietarios: los trabajadores que se han pasado en masa a Colpensiones, porque sí dan pensión”. En otras palabras, la acusación presidencial sugiere que las AFP estarían dificultando deliberadamente las devoluciones al tener sus activos comprometidos en el exterior.
¿Qué sigue?
Para que procedan sanciones efectivas, la Superintendencia Financiera deberá abrir una investigación formal que establezca si se superaron los topes legales de inversión en el exterior, si hubo falta de reporte y si existió gestión indebida del patrimonio de los trabajadores. El Ministerio de Hacienda, por su parte, ya habría iniciado la preparación de un decreto para ordenar la repatriación de los recursos.
Desde el frente macroeconómico, la salida de más de 2.400 millones de dólares en dos meses representa también una presión significativa sobre la tasa de cambio, un factor que el gobierno y el Banco de la República deberán monitorear de cerca en las próximas semanas.
