El Gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en su propósito de transformar estructuralmente el sistema tarifario del servicio público de energía eléctrica en Colombia. A través del Ministerio de Minas y Energía, liderado por Edwin Palma, se presentará al Congreso de la República un ambicioso proyecto de ley que pretende reducir las tarifas para los estratos 1, 2 y 3, mejorar la eficiencia en el consumo, garantizar la equidad en los subsidios y ajustar la composición de los organismos reguladores del sector.
Ajuste en los subsidios: enfoque en la equidad y eficiencia
Uno de los pilares del proyecto es la reforma al modelo actual de subsidios. Bajo el nuevo esquema, la asignación dejará de depender únicamente del estrato socioeconómico y se basará en condiciones reales del hogar, como el consumo de energía y la información del Registro Universal de Ingresos. Los usuarios de estratos bajos que superen ampliamente el consumo promedio podrían perder el subsidio, aunque podrán acogerse a un periodo de transición de hasta seis meses.
Además, se plantea que la deuda acumulada por los hogares subsidiados en virtud de la opción tarifaria sea asumida, de manera excepcional, por los usuarios de estratos 4, 5 y 6 y del sector comercial regulado, bajo un esquema de solidaridad previsto en la Constitución. Esta medida tendrá una vigencia máxima de 15 años.
Facturación más clara y sin cobros ajenos
Otro componente fundamental del proyecto es la reforma en la facturación. El Gobierno busca que las facturas de energía incluyan exclusivamente los cobros relacionados con este servicio, evitando impuestos, tasas o contribuciones ajenas al consumo. Solo en casos de cobro conjunto con servicios como aseo o alcantarillado podrá mantenerse la factura integrada.
Con ello, se pretende mejorar la transparencia en los cobros y reducir la posibilidad de que los hogares más pobres paguen por servicios que no están directamente relacionados con la energía.
Nuevos esquemas tarifarios y contratación para empresas públicas
El proyecto también habilita al Ministerio de Minas y Energía a desarrollar esquemas de compra unificada y contratación de energía a largo plazo, con el objetivo de garantizar la estabilidad tarifaria para empresas públicas y usuarios regulados. Asimismo, se contemplan tarifas diferenciales para industrias intensivas en el uso de electricidad que estén comprometidas con la transición energética y el desarrollo de tecnologías limpias.
Reforma estructural de la CREG
El Gobierno propone una transformación en la composición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Se ampliará el número de expertos comisionados a ocho, incluyendo por primera vez representantes de la academia, de los usuarios y de los sindicatos, con voz y voto. Esta reestructuración busca democratizar la toma de decisiones y reflejar una mayor diversidad de intereses en la regulación del sector.
Ruta de socialización: el diálogo como eje
La socialización del proyecto comienza el jueves 26 de junio en Valledupar, ciudad que ha manifestado su inconformidad con el servicio de energía prestado por Afinia. El ministro Palma liderará una gira por departamentos como Cesar y Santander, donde dialogará con gremios, usuarios, sindicatos y actores del sector energético para explicar los alcances y escuchar propuestas de ajuste al borrador del proyecto.
Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional apunta a una reforma profunda del modelo tarifario que, más allá de reducir costos para los hogares de menores ingresos, busca construir un sistema energético más justo, eficiente y sostenible. La discusión en el Congreso será clave para definir el futuro del servicio público de energía en Colombia.
