El gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en uno de los programas de inversión en infraestructura universitaria más amplios de los últimos años. Con una inversión total de $701.850 millones, el Ministerio de Educación Nacional, en alianza con Findeter, desarrolla 41 proyectos en 16 departamentos del país, con ejecución proyectada hasta 2027.
Las intervenciones abarcan construcción de nueva infraestructura, ampliaciones, dotación tecnológica, estudios técnicos y aulas modulares, consolidando un portafolio que busca transformar las condiciones físicas y académicas de la educación pública regional.
Un programa en marcha
Del total de iniciativas, 27 proyectos se encuentran actualmente en ejecución, concentrando la mayor parte del esfuerzo financiero con una inversión cercana a los $464.967 millones. Otros 8 proyectos ya han sido culminados, con una ejecución de $19.559 millones. Cuatro iniciativas avanzan en procesos de selección o legalización por $37.535 millones, mientras que 2 proyectos están en fase de estructuración, con una inversión estimada de $63.000 millones.
Las inversiones individuales oscilan entre los $300 millones —destinados principalmente a dotaciones y aulas modulares— y proyectos de gran escala que superan los $50.000 millones, configurando un portafolio de alto impacto territorial.
Infraestructura como eje central
Del total de proyectos, 23 corresponden a construcción de obras nuevas, lo que confirma que el componente físico constituye el núcleo de la intervención. A esto se suman estudios y diseños, adecuaciones, y un proceso de modernización tecnológica que incluye laboratorios, aulas híbridas y fortalecimiento académico.
La apuesta no se limita a ampliar cupos. El programa busca consolidar condiciones estructurales para el crecimiento sostenido de la educación superior pública, integrando planeación técnica previa y dotación adecuada en cada intervención.
Más allá de las capitales
Uno de los rasgos más significativos del programa es su distribución territorial. Las obras se desarrollan en Valle del Cauca, Tolima, Santander, Putumayo, Nariño, Magdalena, La Guajira, Córdoba, Chocó, Cesar, Cauca, Casanare, Boyacá, Bolívar, Atlántico y Antioquia, pero la intervención no se concentra exclusivamente en capitales departamentales.
Municipios intermedios y subregionales como Guapi, Sibundoy, Tumaco, Mompós, Simití, Chaparral, Mariquita y Soledad, entre otros, también son escenario de estas obras. Se trata de territorios donde históricamente la oferta de educación superior pública ha sido limitada o prácticamente inexistente.
Regionalización como política de Estado
Desde el inicio de su mandato, el gobierno Petro ha planteado la regionalización de la educación superior como un instrumento para reducir brechas territoriales, fortalecer las economías locales y ampliar las oportunidades para los jóvenes en sus propios entornos. La lógica detrás de esta política es evitar que el acceso a formación profesional dependa exclusivamente del traslado a grandes centros urbanos, una realidad que históricamente ha excluido a amplios sectores de la población rural y de municipios alejados.
Con 41 proyectos activos y más de $701.000 millones priorizados, el Ministerio de Educación avanza bajo un esquema de seguimiento técnico y financiero orientado a garantizar sostenibilidad, control y cumplimiento de metas hasta el año 2027.
