El Gobierno colombiano dio luz verde a una de las inversiones más significativas en materia de defensa de los últimos años: un paquete de 13 billones de pesos destinado a modernizar las capacidades operativas y tecnológicas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. La aprobación del documento Conpes de Declaración de Importancia Estratégica (DIE), respaldado por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), marca un punto de inflexión en la política de seguridad del país.
Una decisión que viene desde la cima
El proceso tuvo su punto de partida el pasado 24 de marzo, cuando el presidente Gustavo Petro instruyó de manera urgente al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Ministerio de Defensa para agilizar el trámite del documento. Apenas tres días después, el 27 de marzo, se celebró en la Presidencia de la República la sesión formal de aprobación, consolidando así una estrategia que, según el Gobierno, llevaba meses en construcción.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue quien anunció públicamente la medida y no escatimó en calificativos. “No hay nada más valioso que invertir en seguridad para proteger la vida”, afirmó, destacando que la decisión fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Dirección Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Defensa.
¿A dónde va cada peso?
La distribución de los recursos entre las distintas instituciones refleja las prioridades estratégicas del Estado. El Ejército Nacional se lleva la mayor tajada con el 44,9 % del total, equivalente a 5,8 billones de pesos. Le sigue la Armada Nacional con el 26,5 % (3,4 billones), mientras que la Policía Nacional recibirá el 18,3 % (2,3 billones) y la Fuerza Aeroespacial Colombiana el 10,2 % restante (1,3 billones).
Natalia Irene Molina, directora del DNP, explicó que el instrumento busca “organizar y priorizar inversiones estratégicas, garantizando el uso responsable y transparente de los recursos públicos”, al tiempo que fortalece la protección de quienes defienden el territorio nacional.
Tecnología y poder aéreo: las grandes apuestas
Las inversiones contempladas apuntan a cuatro frentes concretos: la adquisición de sistemas de defensa antidrones, la compra de aeronaves para transporte y operaciones estratégicas, la incorporación de embarcaciones y vehículos operativos, y la dotación de equipos de inteligencia y tecnología para la seguridad.
Uno de los proyectos más ambiciosos es el llamado Proyecto Escudo Antidrones, al que se destinarán 2,8 billones de pesos, en respuesta al creciente uso de drones por parte de grupos armados y redes criminales.
Sin embargo, la apuesta más estructural va más allá de este Conpes. Benedetti reveló que el Gobierno tomó la decisión paralela de asignar 16,8 billones de pesos adicionales para adquirir capacidad de superioridad aérea. “Es una decisión de Estado, no de un gobierno”, precisó el funcionario, subrayando que esta inversión protegerá al país durante los próximos 40 o 50 años.
Moral combativa y pie de fuerza: el otro frente
Más allá del equipamiento, el Gobierno resaltó avances en el bienestar del personal uniformado. Según Benedetti, entre 2014 y 2022 el pie de fuerza cayó un acumulado cercano al 15 %, mientras que en el actual período ha crecido un 7 %. Asimismo, la decisión de asignar el salario mínimo vital a los soldados que prestan servicio militar obligatorio habría beneficiado a cerca de 100.000 jóvenes colombianos y sus familias, sacando a muchos de ellas de la línea de pobreza, de acuerdo con las cifras oficiales.
El contexto que lo explica todo
Esta inversión no ocurre en el vacío. Colombia enfrenta una compleja realidad de seguridad marcada por el accionar del narcotráfico, los grupos armados organizados y dinámicas criminales que afectan múltiples regiones del país. Dotar a la Fuerza Pública de herramientas modernas se presenta, así, no solo como una necesidad operativa, sino como una respuesta política a una ciudadanía que exige resultados concretos en materia de orden y seguridad.
Con este Conpes, el Gobierno Petro busca dejar instalada una capacidad institucional que trascienda su propio mandato, aunque la efectividad de la inversión —y la transparencia en su ejecución— será el verdadero termómetro de su impacto.
