En una firme respuesta a las críticas provenientes de Washington, la Embajada de Colombia en Estados Unidos ha reafirmado la independencia y autonomía de su sistema judicial, en el contexto del reciente fallo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El pronunciamiento busca aclarar el proceso legal y subrayar la soberanía del país en asuntos judiciales, rechazando cualquier injerencia externa.
La decisión de la jueza 44 del circuito penal de Bogotá, Sandra Heredia, de hallar culpable a Uribe Vélez de fraude procesal y soborno en actuación penal el pasado 28 de julio, generó diversas reacciones, incluyendo comentarios del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien cuestionó la condena y acusó al sistema judicial colombiano de estar “instrumentalizado”.
Ante estas declaraciones, la representación diplomática colombiana, liderada por Daniel García-Peña, emitió un comunicado oficial enfático. En él, se destaca que el poder judicial en Colombia “opera con plena autonomía e independencia”, principios que, según el documento, están consagrados en el marco constitucional del país y son activamente respaldados por la actual administración del presidente Gustavo Petro.
Puntos clave en la defensa de la independencia judicial:
- Autonomía e Independencia Judicial: La Embajada colombiana subrayó que el sistema judicial del país funciona con total autonomía, rechazando cualquier intento de injerencia o cuestionamiento a su legitimidad por parte de actores externos.
- Garantías del Debido Proceso: El comunicado enfatizó que el expresidente Uribe Vélez cuenta con todas las garantías procesales. Se recordó que la sentencia emitida es de primera instancia y que “quedan dos instancias adicionales a disposición de la defensa para impugnar la decisión”, lo que demuestra que el proceso aún no ha concluido y se respetan los principios del debido proceso y constitucionales.
- Orígenes del Proceso: Para contextualizar la situación ante la audiencia estadounidense, la Embajada aclaró que el caso contra Álvaro Uribe se inició en 2012, mucho antes de la llegada de Gustavo Petro al poder. Se detalló que fue la Corte Suprema de Justicia, el órgano constitucionalmente facultado para investigar a funcionarios electos, la que abrió el caso. Tras la renuncia de Uribe al Senado en 2020, el caso fue trasladado al sistema judicial ordinario, y su juicio comenzó en febrero de 2024.
- Mensaje de Soberanía: La declaración concluye con una clara reafirmación de la soberanía nacional en materia judicial: “Como país soberano, esta Embajada reafirma su confianza en la integridad e independencia del sistema judicial colombiano y en su capacidad para garantizar el debido proceso en todas las instancias”. Este mensaje busca delimitar las relaciones bilaterales de los procesos judiciales internos, estableciendo una clara distinción entre la política exterior y la administración de justicia.
La postura de Colombia busca promover una comprensión más clara del proceso institucional en curso y asegurar que, a pesar de las presiones internacionales, sus instituciones judiciales mantendrán su integridad y capacidad para operar sin injerencias.
