El presidente Gustavo Petro encabezó este viernes la entrega de 4.574 hectáreas a comunidades campesinas del Magdalena Medio, una región marcada por décadas de violencia, despojo y control paramilitar. El acto, realizado en Barrancabermeja, simboliza un paso crucial en la reforma agraria impulsada por el gobierno, que busca reparar a víctimas del conflicto y combatir la desigualdad territorial histórica.
Las tierras, recuperadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) , habían sido usurpadas por exjefes paramilitares como alias “Macaco”, “Ruso” y “Tomate”, así como por figuras vinculadas al narcotráfico, como Alonso de Jesús Daza Lopera, capturado en España en 2010. Según el Gobierno, estas áreas permanecieron bajo control de testaferros o familiares de grupos ilegales pese a su incautación hace más de una década.
“En el Magdalena Medio cometieron un genocidio. Vi cómo los cementerios se llenaban de cadáveres y los jóvenes eran asesinados puerta a puerta”, recordó Petro durante su discurso, subrayando la necesidad de justicia para comunidades que sufrieron el despojo. La entrega forma parte de un convenio firmado en 2024 entre ANT y SAE que prevé redistribuir 24.336 hectáreas en la región, priorizando a víctimas del conflicto y pequeños agricultores.
El presidente anunció además una “policía para la paz” , orientada a proteger a los campesinos frente a tomas ilegales por terratenientes o grupos con nexos paramilitares. “La alianza entre la fuerza pública y el campesinado es fundamental. Sin ellos, no hay Nación”, afirmó, vinculando la reforma agraria al cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC y a la construcción de un modelo económico inclusivo.
De las hectáreas entregadas, 2.339 están ubicadas en Cimitarra (Santander) y 2.335 en Puerto Berrío (Antioquia), incluyendo predios del Fondo de Reparación a las Víctimas y baldíos recuperados. Además, ANT y SAE firmaron una promesa de compraventa de 8.032 hectáreas adicionales , ampliando el alcance de la reforma.
Petro también destacó la necesidad de entregar la Hacienda Nápoles al pueblo, calificándola como un símbolo de la historia violenta del país: “Esa hacienda tiene tantos muertos que debería ser devuelta al pueblo”.
La medida, celebrada por organizaciones campesinas y víctimas del conflicto, representa un esfuerzo por revertir décadas de concentración de tierras en manos de grupos ilegales y poderosas elites rurales. Según cifras oficiales, entre siete y diez millones de hectáreas fueron adquiridas de manera fraudulenta o violenta durante el conflicto armado.
Con este acto, el gobierno de Petro refuerza su compromiso con la democratización del acceso a la tierra, la reparación a víctimas y la construcción de una paz estable en zonas históricamente marginadas.
